­El laberinto legal en el que andan inmersos la mayoría de los chiringuitos andaluces llevó ayer al PP a pedir la comparecencia del consejero de Medio Ambiente de la Junta, José Fiscal, para que dé explicaciones en el Parlamento andaluz de cómo se quiere plantear a partir de ahora la tramitación de concesiones. Así lo aseguró la parlamentaria popular, Patricia Navarro, en una comparencia que tuvo lugar en la sede del partido en Málaga y en la que mostró su preocupación por la paralización que sufre el proceso de tramitación a raíz de la última sentencia del Tribunal Supremo (TS) al respecto, y en la que no se le reconoce el derecho de preferencia a los actuales dueños de estos establecimientos.

Aunque el propio consejero ya aseguró a principios de verano que los servicios jurídicos de la Junta se iban a poner manos a la obra para ver cuál es la mejor solución para seguir adelante con un proceso de regularización que había contentado por primera vez a todas partes, Navarro insistió en que sea ya en esta semana cuando se dé a conocer el informe jurídico que prometió Fiscal. «Le pedimos que sea en esta semana para otorgar una solución a aquellos chiringuitos y establecimientos de playas que estén inmersos en procesos de regularización», exigió.

A pesar de que por primera vez las reuniones frecuentes entre el sector y los responsables de Medio Ambiente, articulados alrededor de una mesa de trabajo específica, estaban acelerando las autorizaciones antes del revés por parte del TS, el PP no dudó en acusar a la Junta de quedarse de brazos cruzados. «La Junta está cerrada de vacaciones. Lo único que se ha hecho por parte de la consejería de Medio Ambiente es solicitar un informe jurídico que analice la situación, pero prorrogando las conclusiones a mediados de septiembre, como si el tema no fuera urgente», lamentó Navarro.

Cuando esta nueva carambola jurídica ha devuelto al sector a la incertidumbre, la parlamentaria popular prosiguió en sus críticas y se preguntó que qué va a pasar «ante este nuevo escenario» que devuelve al sector de nuevo a la interinidad. No ha servido tampoco el traspaso de competencias a la Junta, por lo que Navarro trató de culpar directamente al gobierno regional de la actual situación y, en última instancia a su presidenta, Susana Díaz, de no haber logrado todavía despejar el camino de estos establecimientos. «Si Susana Díaz hubiera cumplido con su deber, ningún chiringuito estaría afectado por esta sentencia», aseveró Navarro en que hace «más de cinco años que se traspasaron las competencias en materia de chiringuitos a la Junta de Andalucía después de su insistencia al Gobierno central».

Agravio comparativo en Málaga. A esta supuesta lentitud, Navarro también denunció que había que sumarle el agravio comparativo que impera a la hora de repartir las concesiones siendo, según ella, Málaga la provincia que sale más perjudicada. «Sólo 30 de 200 chiringuitos malagueños han sido regularizados, cuando en Granada más del 60 por ciento tienen ya su concesión», aseguró Navarro. Según estimó la diputada popular, había margen suficiente para regularizar un sector a raíz de la aprobación de la Ley de Costas. «Hace tres años que se aprobó la Ley de Costas y hace dos que se desarrolló el reglamento que servía como herramienta legal para dar forma a esta necesidad jurídica», sentenció, además, que «esta ley podía haber dejado a cero los chiringuitos en situación irregular en Málaga».