La licitación de obra pública en Málaga, pese a estar repuntando este año en relación a las paupérrimas cifras del pasado 2015, continúa instalada a juicio de los empresarios en niveles «claramente insuficientes» que lastran los efectos de «mejora sostenida» que el sector constructor sí viene recibiendo de su otro segmento de actividad, el residencial, donde se perciben claras subidas tanto en ventas de viviendas como en el visado de proyectos para futuras nuevas promociones.
La Asociación de Constructores y Promotores (ACP) afirmó ayer que las actuales partidas de inversión a cargo de las administraciones mantienen a parte de las empresas de obra civil resignadas a un estado de «supervivencia» e impiden que el sector en general (sumando tanto obra pública como edificación), pueda recuperar el empleo perdido en los años de recesión «al ritmo deseado». Málaga cuenta actualmente con unos 38.500 trabajadores activos en la construcción, una cifra que llegó a caer al entorno de los 30.000 en lo más duro de la crisis (2012 y 2013) y que, pese haber subido en los tres últimos años, sigue alejadísima de los más de 100.000 que llegó a acoger en el boom económico.
El presidente de la ACP, Emilio López Caparrós, también aludió al «impacto negativo» de esta baja coyuntura de licitaciones en la actividad de la industria auxiliar de la construcción, que incluye negocios de fontanería, electricidad, colocación de tuberías e instalación.
En materia de licitación, la provincia registra hasta el mes de junio un total de 125 millones de euros en obra pública sacada a concurso por las distintas administraciones, según recordó la ACP. La cifra supera en casi un 80% la inversión que se contabilizaba a estas alturas del anterior ejercicio aunque los empresarios relativizan mucho el valor de este incremento y advierten, además, de que los datos que manejan de los meses de julio y agosto, todavía pendientes de cuantificar, apuntan a que ese ritmo ha aflojado.
«Los números de este año son algo mejores que los de 2015, pero eso no es significativo porque venimos de ejercicios en los que las inversiones han sido muy malas. Seguimos en un escenario de paralización, debido también a la incertidumbre política en torno al futuro Gobierno», comentó su presidente.
Lo cierto es que Málaga se viene moviendo desde 2012 por debajo de los 150 millones de euros anuales en licitaciones, a excepción de 2014, año preelectoral donde la cifra se fue a los 260. Este año, si se mantiene el actual nivel de subida, la cifra podría volver a acercarse a los 250. En cualquier caso, la distancia sigue siendo enorme respecto a las partidas que Málaga llegó a recibir. En 2007, justo antes del inicio de la crisis, las administraciones destinaron casi 1.500 millones en actuaciones mientras que en 2008 y 2009 se invirtieron en torno a 1.000 millones cada año.
La ACP estima que Málaga se merece por nivel de población una inversión anual de entre 750 y 1.000 millones de inversión aunque López Caparrós, visto el momento actual, cree que el primer objetivo a corto plazo es que la provincia se estabilice como mínimo por encima de los 300 millones al año.
«Con eso y con la mejora que venimos percibiendo en el ámbito del sector promotor privado para la edificación de vivienda creo que Málaga, por ahora, podría volver en poco tiempo a alcanzar los 50.000 ocupados en la construcción. Pero es indispensable que la obra pública acompañe», insistió.
Proyectos y empresas. Los empresarios destacan además que las cifras al alza de este año 2016 se deben mucho a la entrada de algunos proyectos de envergadura, caso de los 15 millones de euros del enlace de la autovía en Benalmádena (Estado), los 28 millones para la construcción de la nueva Facultad de Psicología de la UMA (Junta), los casi 10 millones del mantenimiento de carreteras de la Diputación para los próximos cuatro años o los también cerca de 10 millones invertidos por el Ayuntamiento de Málaga en tres grandes obras (Plutarco, Caballerizas y Mantenimiento de Distritos).
«Hay obras muy relevantes en importe pero que darán trabajo a un número limitado de empresas. Nosotros preferiríamos unas inversiones más repartidas en mucha obra pequeña, para que así pudieran trabajar más firmas», afirmó la secretaria general de la ACP, Violeta Aragón. El escaso flujo de licitaciones de estos años ha provocado que algunas empresas se hayan visto forzadas a reducir su estructura a un nivel «básico», el suficiente para seguir estando operativas y poder optar a algún contrato de obra.
Otro efecto de esta carestía de proyectos de obra pública, según la patronal, es que las constructoras se ven obligadas a presentar ofertas cada vez más a la baja para poder competir por los escasos proyectos y actuaciones que las administraciones sacan a concurso. Las rebajas medias sobre el presupuesto inicial licitado se acercan al 30% en la provincia, según cálculos de la ACP. «Hay mucha competencia entre las empresas y se presentan ofertas con tales rebajas para poder seguir trabajando, a sabiendas de que lo harán incluso a pérdidas», dijo López Caparrós.
