La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Málaga convocará oficialmente este viernes las elecciones para renovar los 15 cargos, incluyendo el de decano, unos comicios en los que, en principio, no hay ningún colegiado que haya dicho públicamente que opta a enfrentarse al actual responsable de la institución colegial, Francisco Javier Lara.
El hecho de que nadie haya dado un paso al frente, al menos públicamente, no quiere decir que no haya nadie pensándoselo, dado que hay tiempo para presentar una candidatura hasta el 7 de octubre, pero lo cierto es que, de momento, sólo está en la lucha Lara. De concurrir sólo un candidato a estos comicios, sería la primera vez que se dé una situación así desde la fundación de la institución en 1776.
Lo cierto es que parece difícil que alguien acabe dando el paso porque lo normal es que, cuando estalla una campaña electoral para regir una de las instituciones más prestigiosas y numerosas de la provincia -con en torno a seis mil colegiados-, el candidato haya expuesto su programa a lo largo de las delegaciones del Colegio de Abogados en toda Málaga y calibrado los apoyos con los que cuenta. Si no hay visibilidad, las opciones de ganar menguan, y a un mes y medio de los comicios parece cuanto menos complicado que alguien salga a la palestra, pero todo podría pasar de aquí al 7 de octubre. «No se escucha nada», aseguran las fuentes consultadas por este periódico.
Lara ha culminado un periodo de gobierno de cuatro años, un tiempo al que hay que sumar el año anterior, en el que llevó a cabo una intensa precampaña visitando todas las delegaciones que el colegio tiene en la provincia para explicar su programa de gobierno.
A Lara le ha tocado lidiar con la Ley de Tasas Judiciales, una normativa que salió de la fragua del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón en 2012 y que suponía el pago de fuertes cantidades para litigar en los juzgados. El decano malagueño se manifestó, junto a cinco mil abogados, por las calles de Málaga, todos ellos con la respectiva toga. A partir de ahí, la contestación a la ley fue general y el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, acabó modificándola prácticamente al 100%.
La gestión de Francisco Javier Lara también se ha caracterizado por un fuerte enfrentamiento con jueces y fiscales, en lo que ha sido un intento por dignificar la profesión reclamando puntualidad en los horarios de los juicios y más medios materiales y humanos; por una exigencia constante del pago de los honorarios del turno y oficio en tiempo y forma por parte de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta, así como por una oposición a la rebaja planteada inicialmente por el Gobierno andaluz en un borrador -se sigue negociando-; y por una austeridad económica muy acusada en cuanto a los presupuestos del Colegio de Abogados, llegando a subvencionar una cuota trimestral y manteniendo la inversión.
