El presidente y portavoz del grupo de Ciudadanos (C's) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, señaló ayer viernes que, a la espera de estudiar la «documentación» solicitada por su partido al PSOE-A a propósito del caso del exconsejero de Educación, Cultura y Deporte y actual diputado socialista, Luciano Alonso -contra el que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha acordado abrir procedimiento abreviado por posible prevaricación en tres nombramientos-, tiene «serias dudas» de que lo sucedido pueda corresponder a «un delito de corrupción política».

Marín explicó que él ha pasado por «la administración pública» y sabe «cómo funcionan los contratos». «Sé que una propuesta de gasto lleva un informe, y quiero saber, si es posible, si hay un informe de la proposición de gasto que hay para la contratación de una persona», añadió Marín, que explicó que le ha «extrañado mucho que el presunto delito de malversación ha desaparecido del auto» del juez del TSJA relativo a Alonso.

Insistió en que «cuando se contrata a alguien en un ayuntamiento, o en la Junta, se hace una propuesta de gasto, que pasa por Intervención, que emite un informe, y si hay alguna irregularidad, Intervención tiene la obligación de advertir de que esa contratación se va a producir en contra de lo que marca la ley».

«No es lo mismo meter la mano que meter la pata», insistió el portavoz de Ciudadanos, que añadió que su partido va a «seguir defendiendo» esa idea, y en todo caso para aclarar lo ocurrido han pedido «toda la documentación» correspondiente, insistiendo en que si, tras conocer la «opinión» de sus compañeros del «equipo jurídico» al respecto de este caso, «si consideramos que Luciano Alonso ha cometido un delito de corrupción política pediríamos su dimisión», concluyó.