Polémica

Un catedrático acusa al Constitucional y al Supremo de lucirse demasiado

Critica que diriman litigios en asuntos donde el legislador falla, sin tener en cuenta las consecuencias

12.09.2016 | 05:00

­El catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Complutense José Luis Tortuera lamentó ayer que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional tengan demasiados espacios de lucimiento a la hora de interpretar y aplicar leyes, durante su ponencia en el curso de verano de la Universidad Internacional de Andalucía «Prestaciones sociales, asistencia social y conflictividad judicial», que se desarrolló la semana pasada en el Campus Tecnológico de Málaga.

Tortuera señaló que en muchas materias «como la Seguridad Social o la Sanidad, el legislador legisla poco y mal, lo que conlleva que la tarea de interpretación recaiga en un Tribunal Supremo y un Tribunal Constitucional que toman esa faceta como espacio para lucirse».

El que fuera uno de los doce miembros del comité de expertos que formó el Gobierno de Mariano Rajoy para la reforma de las pensiones de 2013, señaló que gracias a estos dos tribunales «el tema puntual que esté siendo tratado adquiere una mayor dimensión que el propio tema que se discute».

Ejemplo de ello es «la polémica que ha suscitado el Supremo con el accidente in itinere hasta el punto de que éste decida donde tiene que dormir un trabajador para que le sea reconocido como válido este concepto», dijo Tortuera.

Para el catedrático, uno de los casos «que más polvareda va a levantar» es el que ha protagonizado el Constitucional «al tachar de inconstitucional el Real Decreto 16/2012 sobre Sanidad que vulneraba el concepto de universalidad que planteó la Ley General de Sanidad de 1986».

La vulneración de la universalidad de 2012 radica en «que se pasó de conceder al acceso sanitario a todos los ciudadanos a establecer los conceptos de asegurado y beneficiario, y la persona que quedaba desasistida debía firmar un convenio para contratar un paquete básico de servicios», dijo el experto.

El problema es que ahora el Alto Tribunal ha fallado que las 200.000 personas que se quedaron sin sanidad ese tiempo pueden reclamar los costes pagados, daños y perjuicios, lo que puede suponer un enorme quebranto para las arcas públicas».

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