La Policía Local de Málaga continúa trabajando para evitar el intrusismo en el sector del taxi. n uno de los últimos casos, efectivos de la Jefatura de Policía de Barrio Distrito Cruz Humilladero han llevado a cabo una exhaustiva investigación que ha culminado con la identificación y denuncia de un individuo que ofrecía la tramitación de documentos administrativos y transporte de ida y vuelta desde distintos puntos de la provincia de Málaga al Consulado de Argentina en Cádiz, careciendo para ello de los permisos administrativos correspondientes.
Tras anunciarse por redes sociales y páginas de internet, captaba a los clientes y acordaba con los mismos sus traslados desde Málaga y otros municipios de la provincia previo pago. Las salidas se llevaban a cabo los viernes y parece ser que llevaba operando del mismo modo durante los últimos seis años. En cuanto a los precios podían variar dependiendo del servicio contratado, si bien, parece ser, que sólo por el viaje cobraba 50 euros por persona. Para cada porte solía captar hasta ocho clientes, a los que recogía con un minibús o furgoneta de 9 plazas, que previamente alquilaba.
El pasado viernes 2 de septiembre, desde la Jefatura de Policía de Barrio Distrito Cruz Humilladero de la Policía Local de Málaga se organizó un dispositivo coordinado para la localización del vehículo y conductor implicados.
Así, sobre las 05:25 horas de la mañana, sorprendieron al individuo conduciendo una furgoneta de 9 plazas acompañado por dos pasajeros, observando como paraba en avenida Héroe de Sostoa junto a la Estación María Zambrano, donde contacto con un nuevo cliente que también se adentró en el vehículo.
Ante los hechos, los policías locales procedieron a interceptar la furgoneta, identificando por separado a conductor y pasajeros, corroborando por las manifestaciones de estos últimos que habían abonado previamente una cantidad de dinero para recibir el servicio de transporte en carretera hasta su destino en Cádiz, siendo informados de la obligación del conductor de proporcionarles un medio de transporte alternativo para llegar a su destino.
En cuanto al conductor, fue denunciado por una infracción a la normativa de transportes de viajeros por carecer de la licencia o autorización municipal exigida, y el vehículo, del que se comprobó que pertenecía a una empresa de alquiler, fue intervenido y trasladado mediante grúa al depósito municipal.
La labor de los agentes está poniendo cerco a los conductores que ejercen ilegalmente la actividad, siendo un total de 105 los taxistas ilegales denunciados desde el año 2013 hasta la actualidad.
Desde el endurecimiento de la normativa, de los últimos 23 taxistas piratas denunciados (uno de ellos por partida doble) solo 9 han recuperado sus vehículos debido a la fuerte sanción que deben afrontar en los expedientes sancionadores tramitados en la Oficina Municipal del Taxi, cuyo mínimo es de 1.380 euros (966 € si paga antes de un mes).
