Delincuencia

Caen todos los delitos de corrupción excepto los sobornos a funcionarios

La Fiscalía General del Estado contabiliza 177 delitos contra la Administración Pública en la provincia durante 2015 frente a los 193 de 2014 – La malversación de caudales cae un 15,4% y el cohecho sube de seis a nueve casos – Sí refleja la memoria las 17 diligencias abiertas el año pasado por el fraude en las ayudas a desempleados

17.09.2016 | 05:00
Imagen del caso Arcos, cuyo juicio empieza el 7 de noviembre, contra la corrupción urbanística en Alcaucín.

La criminalidad crece un 7,8% entre 2014 y 2015 en la Costa

La organización Transparencia Internacional estaría muy orgullosa de Málaga si supiera que entre 2014 y 2015 los casos de corrupción en las diferentes Administraciones Públicas de la provincia han caído un 8,3%, según los datos de la memoria de la Fiscalía General del Estado, de forma que el pasado ejercicio se contabilizaron 177 delitos de esta naturaleza frente a los 193 de hace dos años. Eso sí, el delito de cohecho, es decir, el soborno a funcionarios públicos, la especialidad de la costa y el ilícito que representa más fidedignamente lo que es corromperse o inducir a que un trabajador público lo haga, subió un 50% en 2015, de seis a nueve casos, y sigue manteniéndose como un valor seguro memoria tras memoria.

Aunque el cohecho sube, el descenso general delitos de esta naturaleza es más espectacular si se tiene en cuenta que 2013 fue el año récord de la corrupción en nuestra provincia con 239 diligencias previas abiertas en los juzgados costasoleños. Entre 2013 y 2014 la caída del indicador fue muy superior a la que se da entre 2014 y 2015. En concreto, aquella fue del 19,2%. Sin embargo, el guarismo del último ejercicio tiene cuerpo, que diría un policía experto en perseguir estos delitos, puesto que se han localizado 177 casos en las diferentes instituciones públicas.

Por delitos, la prevaricación administrativa, es decir, firmar una resolución injusta a sabiendas, el ilícito en el que más fácil puede caer un alcalde o un funcionario, se mantiene estable: 31 casos en 2015, los mismos que en 2014. Por otro lado, no se investigó por un juez ningún nombramiento ilegal frente a los 135 de hace dos años (este delito ha servido para perseguir en los últimos tiempos el auge de los llamados asesores externos de los políticos).

Los delitos clásicos de este epígrafe del Código Penal, los pata negra, los de siempre, son la malversación de caudales públicos, el cohecho y el tráfico de influencias. En cuanto a la malversación, esta cae un 15,4%, desde los 13 casos de 2014 a los 11 de 2015. El tráfico de influencias se mantiene estable: una diligencia previa abierta en 2015, al igual que en el ejercicio inmediatamente anterior.

El ilícito que sube es el cohecho, el soborno, y lo hace con fuerza, tal vez por ser, a tenor de los numerosos casos investigados por esta práctica desde 2006 en la Costa del Sol, la especialidad de la zona y posiblemente el símbolo de lo que es corrupción. Los jueces malagueños investigaron nueve asuntos de soborno en 2015 frente a los seis de 2014 (una subida del 50%).

Recordemos que el caso Malaya, además de ser una trama de blanqueo de capitales, demostró que Juan Antonio Roca, el exgerente de Urbanismo marbellí en los años del gilismo, hizo del soborno un arte, una figura a la que recurrir cada vez que quería sacarle los cuartos a un promotor que quería levantar edificios en Marbella. También hubo sobornos, a menos escala, en el caso Arcos contra la corrupción política y urbanística en Vélez Málaga, o en el caso Fergocon, por la contratación de obras irregulares de Marbella a la empresa de los hermanos Del Nido y, cómo no, en la ya célebre pieza separada de Malaya que sentó al exalcalde marbellí, Julián Muñoz, junto a Isabel Pantoja y María Teresa Zaldívar en el banquillo de los acusados.

La desobediencia de autoridades o funcionarios generó en 2015 un total de 101 causas, ninguna el año anterior; se dio un abandono de destino; dos funcionarios fueron investigados por denegación de auxilio y se investigó por los togados de la provincia una supuesta corruptela en una transacción internacional.

Llama la atención el incremento, de ninguno a 17 asuntos, de casos relaciones con estafas o fraudes en la prestación de la Seguridad Social por autoridad o funcionario público, es decir, los procesos que se abrieron por los apéndices malagueños del llamado caso Edu por irregularidades en la concesión de subvenciones para cursos de formación a parados, una temática de la que pocas piezas separadas del tronco común continúan adelante ya que la Fiscalía pidió en junio pasado el archivo de la mayoría al no superar ninguna de las cuantías supuestamente defraudadas los 120.000 euros.

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