­­Juan Andrés Bermejo tiene mucho trabajo. No en vano, el currículum de sus atribuciones actuales es kilométrico: fiscal delegado de Cooperación Jurídica Internacional de la Fiscalía de Málaga, punto de contacto de IberRed y de la Fiscalía General del Estado en la Red contra la Trata de Personas de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Por sus manos, pasan la mayoría de solicitudes de ayuda que hacen los juzgados de otros países a la justicia malagueña, fundamentalmente de la Unión Europea (UE). En esta entrevista mantiene que la colaboración entre países es fundamental en la lucha contra la delincuencia internacional.

¿En qué consiste el trabajo del servicio de Cooperación Jurídica Internacional?

Consiste en asistir a los órganos jurisdiccionales tanto extranjeros como nacionales en todas aquellas actuaciones que requieren el concurso de un tercer estado. Fundamentalmente, es lo que se conoce como comisión rogatoria. Las activas son cuando España le pide a un tercer estado ayuda en un procedimiento y las pasivas, las que más tenemos, cuando a nosotros nos piden que ayudemos en procedimientos que siguen otros países en diligencias de investigación que necesariamente deben realizarse en España.

¿Funciona?

La colaboración funciona y cada vez más. Dentro del ámbito europeo, se ha logrado avanzar hacia los instrumentos de reconocimiento mutuo, que supone que cualquier resolución dictada en el ámbito europeo por una autoridad judicial de cualquier país de la UE es inmediatamente reconocida en España y ejecutada sin necesidad de tener que recurrir al Ejecutivo, a las autoridades centrales que tradicionalmente reciben la cooperación. Uno de los principales problemas que hay en la cooperación jurídica internacional, fundamentalmente con terceros estados, es la lentitud que supone usar los instrumentos tradicionales de cooperación.

¿Qué suelen pedir otros estados al servicio de Cooperación Jurídica Internacional de la Fiscalía de Málaga?

Desde pruebas testificales a videoconferencias, testigos, testimonios de procedimientos, toma de declaración de imputados, informaciones patrimoniales, transmisiones de denuncias para que se persigan los hechos en España, pero lo que más suelen solicitar los países de nuestro entorno son lo que se llama la localización de activos para recuperarlos, lo que conlleva medidas cautelares como peticiones de prohibición de disponer o embargos preventivos sobre dichos bienes.

¿Qué delitos hay detrás de estas peticiones?

Los fraudes, muchos de ellos los cometidos por internet, el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. Hay que tener en cuenta que muchos de los delincuentes que están siendo procesados en países de la Unión Europea, me refiero al Reino Unido, Holanda, Francia y Alemania, blanquean el dinero procedente de sus delitos en inversiones inmobiliarias en la Costa del Sol. Muchas veces las solicitudes van dirigidas a localizar esos bienes que tienen y a ver cómo les privamos de ellos. Por eso la cooperación es tan importante, porque con esto de la globalización pues el delito ya no conoce fronteras, es decir, cada vez se extiende más. Cada año nos superamos a nosotros mismos en la tramitación de las comisiones rogatorias, porque cada vez son más las peticiones que se plantean por los estados.

¿Sigue siendo la Costa del Sol un paraíso para las inversiones del crimen internacional?

Yo no sé si sigue siendo o no un paraíso, pero sigue habiendo muchos activos, tanto depósitos bancarios como inversiones en sociedades y en bienes inmuebles, que desde luego tienen un origen dudoso y están siendo investigados. Cuando los podemos intervenimos lo hacemos con la gran ayuda de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Invierten aquí, ¿pero viven en la Costa del Sol los grandes criminales?

No lo sé, pero suele ser gente que tiene cierta opacidad y no suelen tener un domicilio concreto, sino que van y vienen. Pero lo que sí está claro es que cada vez se les pone más difícil el mover sus personas y sus activos con total libertad porque cada vez se está más encima de ellos. Además, la colaboración, sobre todo entre los países de la Unión Europea, es cada vez mayor y más efectiva.

¿Cuáles son los países que más se dirigen al servicio de Cooperación Jurídica Internacional?

Reino Unido, Alemania, los Países Bajos y Francia.

¿Qué pide Málaga?

Notificaciones de documentos, localización de personas y testigos y algún interrogatorio de inculpados y testigos, pero sí hay una disparidad terrible entre lo que pedimos y lo que nos piden. Recibimos muchas más peticiones de cooperación jurídica internacional que las que emitimos.

¿Qué fiscales forman parte de la infraestructura?

Tenemos otro compañero, Jorge Andújar, que es punto de la Red Judicial Europea; en Torremolinos está Belén Romero, en Marbella José Antonio Niebla, y coordinamos las comisiones con Melilla y nos ayuda aquí María del Mar Ramos-Herrero.

¿Cómo se coopera con los países que no están en la Unión Europea?

Los países de la Unión Europea nos comunicamos con los instrumentos de reconocimiento mutuo, es decir, nadie pone en duda el fondo de las resoluciones dictadas por otras autoridades y se basa en el principio de confianza. Es el paso más grande, que se inició con la Orden de Detención Europeo, y que luego ha alcanzado al reconocimiento de las sanciones pecuniarias como a las penas privativas de libertad y puedan cumplirlas en sus países de origen, como a los embargos preventivos, los decomisos. Todo eso es una facilidad. Tenemos países que están asociados a la UE, en los que se aplica un régimen similar pero no en todos los casos. Estos pueden ser Noruega, Suiza o Liechtenstein. En temas de entrega de sujetos aún hay que recurrir al Convenio Europeo de Extradición y no vale la Euro Orden.

De cualquier forma, se está avanzando en la cooperación con los países iberoamericanos, ¿no es así?

Sí. Luego están los estados con los que existe menos cooperación, pero con algunos la hay importante, como Estados Unidos o Canadá, y con todos los países de nuestro entorno cultural, histórico y lingüístico, que son los iberoamericanos, con los que la cooperación, al recurrir a esos instrumentos formales a través de las autoridades centrales, o del Ministerio de Justicia, es mucho más lenta, pero ahí también se ha avanzado, porque hay una plataforma que se llama IberRed. Es una plataforma informática, de la que yo soy punto de contacto, que si bien no sustituye a estos instrumentos, permite que las solicitudes se vayan adelantando. El 21 de septiembre, a las 12.30 horas, tenemos una videoconferencia con Argentina porque han solicitado una declaración con relación a un procedimiento importante que siguen por homicidio. Los testigos residen en Málaga y vendrán a la Fiscalía.

La Fiscalía, por tanto, es el órgano que canaliza las comisiones y las coordina...

El principal valor que tiene la Fiscalía de Málaga en esta materia es que somos los únicos que estamos en disposición de ofrecer una adecuada coordinación en la tramitación de las comisiones rogatorias cuando afectan a más de un órgano de la misma provincia. Si piden una investigación en la que hay que hacer tres entradas y registros en tres domicilios, uno en Málaga, otro en Marbella y otro en Fuengirola, los únicos que podemos coordinar que se lleven a cabo el mismo día y se dicte el auto sobre si procede somos nosotros.

¿La naturaleza de las peticiones de los países asociados a IberRed cambia en relación a las que hacen los de la UE?

Suele ser similar, salvo en cuanto a las medidas cautelares, es decir el embargo y decomiso de los bienes. Por ser instrumentos de cooperación más limitados plantean más problemas en su ejecución, pero estamos avanzando en ello. En España, países con los que tenemos mucha cooperación, el Reino Unido o Francia, tienen en Madrid, en el Ministerio de Justicia, magistrados de enlace.

Hace años no se perseguían los beneficios económicos del delito, pero ahora sí porque se ahoga a las mafias...

Lo que se ha producido en los últimos años en relación a la delincuencia organizada transnacional y a las propias estructuras de esas organizaciones y los delitos que cometen es que todo el mundo se ha dado cuenta de que lo que verdaderamente les hace daño es que se les prive de las ganancias del delito, porque desde el punto de vista de la penalidad no siempre se logra llegar a los verdaderos autores del delito. En eso se ha avanzado, pero no sólo en cuanto a la cooperación internacional, sino también en cuanto a la modificación de nuestras normas. Prueba de ello es la reciente modificación que se ha hecho en el Código Penal dirigida a la recuperación de activos, como ha sido toda la regulación del decomiso de toda la vida, de decomiso a terceros, del ampliado, del decomiso por sustitución y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde se ha regulado un procedimiento de decomiso autónomo, en el que el Ministerio Fiscal lleva la iniciativa, y luego también la puesta en marcha de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.

¿Están trabajando ya con la Oficina de Recuperación de Activos?

Apenas está cogiendo su estructura en Madrid. Se trabaja con ella en cooperación jurídica internacional, pero cuando esté en pleno funcionamiento se va a dedicar única y exclusivamente a intentar localizar y administrar esos activos, lo que era una necesidad puesto que los juzgados no están en condiciones de poder hacerlo adecuadamente.

¿Cuántas peticiones de ayuda jurídica internacional han recibido en los últimos tres años?

En 2016 llevamos 157, en 2015 fueron 173, o sea, que este año las superaremos. Y en 2014 en torno a 170. Estas son las que tramita la Fiscalía, pero luego el Decanato y los juzgados también reciben muchas. También recibimos muchas consultas provenientes de Euro Just. Desde la Fiscalía de Málaga hemos llegado a formar siete equipos conjuntos de investigación con distintas autoridades y con otros países. Los equipos van dirigidos a investigar la comisión de hechos delictivos cuando afectan a tres países.

Dígame cuáles son las disfunciones que hay que arreglar en el servicio...

Siempre nos faltan medios, acceso a determinados registros públicos, lo que está en vías de solución, y quizás el mayor escollo que hay que ir superando es avanzar hacia que toda la cooperación se base en comunicaciones directas entre autoridades judiciales a través de los instrumentos de reconocimiento mutuo, en el ámbito de la UE cada vez se avanza más en ello, pero todavía con terceros estados y zonas que tienen mucha influencia, como el Magreb, siguen siendo los instrumentos de cooperación lentos para el fin que se persigue.

¿Qué consecuencias tendrá la salida del Reino Unido en materia de cooperación jurídica internacional?

Espero que no tenga en el ámbito de la cooperación y en cuanto al reconocimiento de esos instrumentos, sea la salida del Reino Unido de la UE. Espero por así decirlo que ese Brexit no suponga un paso atrás en cuanto a la cooperación jurídica internacional con el Reino Unido, que no está en el ánimo ni de la UE ni del Reino Unido. Se ha acreditado que la cooperación al día de hoy, precisamente entre otros países con el Reino Unido, está siendo muy eficaz, fundamentalmente para ellos, porque ellos tienen muchas más investigaciones en España de las que nosotros podamos tener. ¿En cuanto a la Orden de Detención Europea hay que volver a la extradición? Espero que no. No es práctico ni procedente, pero es mi opinión personal.