La Fiscalía de Málaga pide, en su escrito de conclusiones provisionales, tres años de prisión por un delito de malversación de caudales públicos para una administrativa de Fuengirola Televisión que, entre 2009 y 2012, desvió a sus cuentas particulares supuestamente 30.600 euros. Asimismo, solicita el ministerio público su inhabilitación durante seis años para ejercer una profesión relacionada con la administración de caudales o patrimonios y que indemnice a la cadena en el montante malversado.

Según consta en la calificación fiscal, a la que ha tenido acceso La Opinión de Málaga, desde 2001 la acusada trabajaba como personal laboral en Fuengirola Televisión, desarrollando tareas de administrativa en el Departamento Financiero de la entidad. Entre sus funciones, "a la acusada le correspondía llevar la contabilidad y realizar los pagos a los acreedores del canal, siendo la única persona que tenía completo conocimiento de las claves de las cuentas bancarias de Fuengirola TV y, en consecuencia, libre acceso a estas".

Así, valiéndose de dicha condición y del referido conocimiento de las claves de las cuentas de la televisión municipal de Fuengirola, "durante el periodo comprendido entre 2009 y 2012, la acusada, movida por la clara intención de enriquecerse patrimonialmente, realizó numerosas transferencias bancarias desde la cuenta del canal a sus propias cuentas personales, así como a las de su núcleo familiar (marido e hijo), hasta alcanzar un importe total aproximado de 30.600 euros sin que se haya reintegrado hasta la fecha dicha cantidad".

La acusada confesó los hechos de forma espontánea al director de la televisión en octubre de 2012, "sin que la entidad se hubiera advertido del fraude".

Fuengirola Televisión fue constituida por el Ayuntamiento en escritura pública el 17 de enero de 2001 como empresa privada municipal con forma de sociedad anónima. Su capital social, de 10 millones de pesetas en la fecha (60.000 euros) fue íntegramente desembolsado por el Consistorio, por lo que según la legislación vigente "debe considerarse una entidad integrada en la Administración Pública Local siendo su capital, por ende, público", precisa la acusación pública, cuyo representante ha instado la apertura de juicio oral ante el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Málaga, un juicio que tendrá lugar el próximo lunes.