­La Fiscalía de Málaga da prácticamente por concluidas las diligencias de investigación que abrió a finales de abril por los supuestos enchufes en la empresa municipal de limpieza de la capital, Limasa, tras tomar una breve declaración en la mañana de ayer al responsable de Recursos Humanos de la firma, quien ya compareció en otra ocasión y aportó documentación relativa a las contrataciones de los últimos cinco años.

Fuentes del caso explicaron que la búsqueda de pruebas ha concluido y que, en los próximos días, se dictará un decreto para determinar si hay indicios de delito y, por tanto, seguir investigando ante un juzgado o, por el contrario, el asunto muere en la Fiscalía.

Fue el presidente del comité de empresa de Limasa, Manuel Belmonte, el que generó esta investigación de la Fiscalía después de asegurar en la comisión municipal que analizaba el estado de la mercantil, celebrada el pasado mes de abril, lo siguiente: «Me consta que partidos políticos han colocado a trabajadores. No se ha denunciado porque todos hemos estado dentro de ese juego».

La polvareda fue monumental: el PP negó que hubiera enchufismo en el seno de la sociedad; el alcalde, Francisco de la Torre, pidió al líder sindical que concretara sus palabras y el concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, le reclamó su dimisión. Ciudadanos optó por llevar un escrito con las declaraciones de Belmonte, varios documentos anexos y un CD con las grabaciones de su intervención, a la Fiscalía de Málaga al entender que podría haberse cometido en los últimos años un supuesto delito de tráfico de influencias, aunque no denunciaron ni interpusieron una querella.

Sólo un día después de que se diera traslado de las palabras de Belmonte al ministerio público, su representante abrió las diligencias de investigación correspondientes y citó al sindicalista.

Tensión tras la huelga. El ambiente estaba muy tenso, precisamente porque en marzo los trabajadores de la empresa llegaron a ponerse en huelga durante once días por las diferencias en cuanto a la interpretación de una sentencia laboral. El trasfondo, que genera las discusiones, es que la concesión a los socios de Limasa acaba en 2017. El Consistorio malagueño se plantea, incluso, privatizar la firma, algo que rechaza frontalmente la plantilla y que nadie ha dicho en público, aunque sí se comenta en privado.

Manuel Belmonte declaró el 10 de mayo pasado, pero los detalles de lo que dijo no trascendieron, aunque compareció durante más de cinco horas ante el fiscal encargado del caso. Cuando terminó de declarar, con rostro serio, dijo a los medios de comunicación que estaba muy tranquilo.