­El Banco Popular tiene prevista la supresión de su dirección territorial andaluza situada en Málaga, que da servicio a la parte oriental de la comunidad, para centralizar toda la actividad en la de Sevilla, que hasta ahora se encargaba de la zona occidental, según explicaron ayer fuentes de UGT a este periódico. La decisión se enmarca dentro de los planes de reestructuración de la entidad, que la pasada semana anunció sus planes de prescindir de unos 3.000 trabajadores en toda España a través de un ERE y de cerrar a nivel nacional unas 300 sucursales. Los sindicatos rechazan de forma tajante el ERE y piden que en caso de que no hubiera más alternativa que la salida de trabajadores ésta se haga de forma no traumática y a través de medidas voluntarias, ya sean prejubilaciones o bajas incentivadas.

En Andalucía, la cifra de afectados por el ERE podría superar las 400 personas, según datos de los sindicatos, que hoy se reúnen de nuevo con la empresa para abordar la negociación del expediente y que esperan tener más detalles del mismo a lo largo de los próximos días. La comunidad andaluza cuenta con casi 2.000 trabajadores del Banco Popular, de los que unos 470 están en Málaga.

La dirección territorial de Málaga, ubicada en el edificio Félix Sáenz del centro de la capital, alberga a unos 54 trabajadores mientras que el resto de la plantilla trabaja en las 63 oficinas que hay desplegadas por la provincia. Las fuentes aclararon que todavía se desconocen los planes del Popular en relación con cada provincia, por lo que no se sabe qué empleados podrían ser incluidos en los planes de salida de la empresa. «De la territorial de Málaga, puede que algunos sigan desempeñando su trabajo aquí dependiendo de la territorial andaluza en Sevilla. O que a otros se les ofrezca un traslado», comentaron.

La semana pasada, los sindicatos representados en el Banco Popular pidieron a la entidad que justifique con datos la cifra de 3.000 bajas que pretende lograr en el marco del ERE que planea el banco, y que consideran excesiva. Los representantes sindicales mostraron su preocupación por la medida, que entienden que dejaría al banco «inoperativo». Tampoco están de acuerdo con el cierre de oficinas, sobre todo en el ámbito rural, pues creen que se perdería el pasivo de los clientes, que prefieren tener la posibilidad de acudir a una oficina en persona y tratar con los empleados, antes que operar por teléfono.