Las ordenanzas fiscales que fijan los impuestos y tasas para 2017 pasaron ayer su primer trámite con la aprobación inicial por parte del pleno gracias a los votos sumados del PP y Ciudadanos. Ahora el proyecto de ordenanzas entra en exposición pública donde estará un mes para recibir las posibles alegaciones de ciudadanos y entidades. Pasado este plazo, las alegaciones, si las hubiera, serán solventadas y el proyecto irá a su aprobación definitiva en diciembre, de manera que pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2017.
Finalmente, sólo el PSOE ha votado en contra de la totalidad del proyecto de ordenanzas, mientras que el resto de la oposición repitió su voto entre el no y la abstención, e incluso algún sí, dado que se votó por separado cada uno de los impuestos, así como las ayudas al IBI.
El concejal de Hacienda, Carlos Conde, defendió unos impuestos y tasas que para 2017 suponen la congelación de todos ellos, con excepción del Impuesto de Obras y el vado a casas unifamiliares que bajarán un 5%. También se congelan los precios de la EMT (autobuses urbanos), de la grúa, el Sare, los aparcamientos públicos y los servicios funerarios de Parcemasa.
Conde sacó pecho por las ordenanzas fiscales que suponen que «Málaga sea una de las capitales españolas con la presión fiscal más baja», manteniendo una política de «moderación fiscal». El edil hizo hincapié en el «importante capítulo» de ayudas y beneficios fiscales destinados al pago del IBI y de la Plusvalía.
Por contra, la oposición de izquierdas centró sus críticas en que la política impositiva del equipo de gobierno es «regresiva e injusta» y muy alejada de una correcta redistribución de la riqueza. «La carga fiscal está injustamente repartida», dijo a modo de resumen Ysabel Torralbo, de Málaga Ahora. Además, el PSOE echó en cara al PP que su política de ayudas y beneficios fiscales «apenas llega a una minoría de la gente que lo necesita. No tiene impacto social alguno», en palabras de Daniel Pérez.
Hizo su estreno como edil independiente, tras separarse de Málaga Ahora, Juan José Espinosa, que habló de una presión fiscal «regresiva, injusta y desigual». En la misma línea, el portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, que criticó que las dos bajadas que se hacen, la del Impuesto de Obras y la de los vados, benefician a las grandes constructoras y a las familias con chalets.
En apoyo de las ordenanzas, Juan Cassá, de Ciudadanos, defendió la bajada de impuestos, que alcanzará los 12 millones, señalando que se trata de unas ordenanzas que miman a la clase media, a los autónomos y al pequeño comercio «que suponen el 80% de la población».
