Hace justo diez años se produjo una encarnizada batalla política y judicial entre el PSOE y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, a cuenta de un pequeño suelo, en la desembocadura del Guadalhorce, denominado finca El Garabato, propiedad de la madre de De la Torre y otra familia, que fue expropiado para la construcción de los viales de la autovía.
Los entonces concejales socialistas Enrique Salvo y Marisa Bustinduy acusaron al alcalde de recalificar dicho suelo «en beneficio suyo y de su familia de manera que lo que era un suelo sin valor, ahora tiene unas altas expectativas urbanísticas». El PSOE, de forma errónea llegó a cifrar los beneficios en 60 millones de euros. El alcalde lo negó absolutamente y se querelló contra Salvo y Bustinduy por injurias y por difamar su honor.
Diez años después, una parte de aquel pequeño suelo, de apenas 405 metros cuadrados, sigue en disputa, ahora entre la Gerencia de Urbanismo y los hermanos De la Torre que lo heredaron tras el fallecimiento de su madre.
En diciembre de 2014, la Gerencia de Urbanismo, a petición de la familia De la Torre, decide iniciar el proceso de expropiación de una parte de la finca El Garabato (405) que ya había ocupado en 2001 para hacer uno de los viales de acceso a la autovía.
En esa fecha de diciembre de 2014, Urbanismo aprueba pagar a las familias De la Torre y Díaz Gutiérrez la cantidad de 19.436 euros de justiprecio por la expropiación. De ellos, 11.973 euros son por el valor del suelo; otros 7.463 en concepto de intereses de demora.
Pero los propietarios han considerando que este precio está muy por debajo de su valor y a través del abogado de la familia De la Torre, Luis Portero, sobrino del alcalde, presentaron en febrero de 2015 escrito de alegaciones oponiéndose a la valoración, tanto en lo concerniente a los metros cuadrados, como a la valoración económica.
Rechazo de Urbanismo. Frente a los 19.436 euros que ofrece la Gerencia de Urbanismo, la familia De la Torre reclama 749.154 euros. Además, señala que la superficie es de 620 metros cuadrados. En su escrito, considera «inaceptable» el valor estipulado por la Gerencia de Urbanismo, al considerar que la tasación se hizo con «valores desfasados, respecto a la evolución del mercado inmobiliario.
La Gerencia de Urbanismo ha rechazado, tras estudiarlas, las peticiones de los propietarios. Por ello, en el consejo rector de este organismo, que se celebrará el próximo 11 de octubre, tiene previsto desestimar las mismas y confirmar la valoración del justiprecio por expropiación de dicho suelo en 19.436, más otros 2.993 euros en concepto de daños y prejuicios.
Si una vez aprobado, la familia De la Torre mantiene su desacuerdo, tendrán que acudir a la Comisión Provincial de Valoraciones para solicitar una nueva valoración del suelo.
