­Málaga es de lejos la provincia andaluza con mayor gasto en juego privado con un volumen total que el año pasado ascendió a 449,8 millones de euros. Según los datos que maneja la Consejería de Hacienda y Administración Pública, la provincia representa el 26% del total andaluz que, entre las ocho, ascendió a 1.735 millones. Sevilla, con 379 millones, se situó como la segunda con más gasto, seguida de Cádiz (252), Almería (148), Granada (146), Córdoba (137), Huelva (119) y Jaén (102). El liderazgo de Málaga, paralelo a su impacto turístico y al número de establecimientos dedicados a esta actividad -dos casinos, diez bingos y 5.140 máquinas tragaperras- está claramente representado en el volumen de las recreativas, ya que éstas movieron durante el año pasado más de 245 millones de euros por los 136 millones de los casinos y los 68,5 de los bingos. En Andalucía, las máquinas recreativas de tipo B, aquellas en las que se apuesta para ganar premios en metálico, sumaron el 77,5%.

Pese a las cifras que arroja Málaga, la crisis económica ha hecho mella en un sector que poco a poco va recuperándose. Tanto es así, que los cerca de 450 millones de euros del volumen de juego que se movió el año pasado en Málaga están muy lejos de los 727,6 millones de 2007, el techo de la última década que se vino abajo hasta los 427,9 de 2014, un descenso del 38%. Por tipo de juego, el volumen en los casinos también se ha reducido en la última década en la provincia y en Andalucía. De los cuatro que hay en Andalucía, dos están en Málaga, aunque desde 2014 comienza a recuperarse la cantidad económica que mueven. En cuanto a los bingos, Málaga es la segunda provincia con más salas de Andalucía, con 10 de los 39 existentes en la comunidad, sólo superada por Cádiz. Entre las dos tienen más de la mitad de los establecimientos en funcionamiento en la región.

El volumen económico que mueven estos locales en Málaga también se ha reducido significativamente y ha caído a más de la mitad, pasando de los 163 millones que registraba en 2016 a los 68 millones del pasado año, con nueve salas menos abiertas. En cuanto a las máquinas de juego, el dinero que mueven también se ha reducido aunque en menor cantidad, pasando de los 300 millones de hace una década a los 245 millones del ejercicio de 2015, con un gasto medio por habitante de 37,7 euros.

El año pasado, la Junta de Andalucía realizó 1.951 inspecciones en materia de juego privado en la provincia, siendo las máquinas las que más registraron, con 1.802. Tras estas inspecciones, se levantaron 208 expedientes sancionadores, de los que 131 quedaron resueltos. En Málaga, son 7.800 las prohibiciones activas para impedir que personas entren a lugares de juego, con los bingos como los establecimientos con más prohibiciones, con 3.703; le siguen los casinos, con 2.812 y los salones de juego, con 1.285. En Andalucía, son 22.502 prohibiciones las que estaban activas el pasado ejercicio.

Tras frenar su caída, el sector del juego reclama al gobierno autonómico una mayor atención a un gremio que genera miles de empleos y reporta millones de euros a las arcas públicas. «Somos un sector empresarial serio y profesional que crea muchos puestos de trabajo», subrayó el vicepresidente de la Federación Andaluza de Asociaciones de Máquinas Recreativas, Salones y Ocio (ANMARE), Enrique Rosas, durante el quinto Expocongreso Andaluz sobre el Juego celebrado recientemente en Torremolinos. Concretamente, y según los datos de la patronal, el juego genera en Andalucía unos 12.200 empleos directos e indirectos a través de 881 empresas en funcionamiento que gestionan 687 salones de juego y cuenta con 28.383 máquinas operativas instaladas.

La tasa fiscal sobre el juego en la región representará para la Junta en 2016 ingresos por valor de 162,6 millones de euros, constituyendo, según Rosas, «el segundo impuesto que más recauda» para el gobierno autonómico. Sobre las dificultades que enfrenta el sector en Andalucía, Rosas consideró excesivos los requisitos administrativos y elevada la presión fiscal que soporta el juego. «En el momento en el que la Administración mueve ficha en cuanto a trabas administrativas o normativa fiscal automáticamente el sector reacciona», advirtió antes de recordar cómo la subida de la tasa fiscal en 2012 causó una merma en el número de máquinas instaladas.