­Los tres juzgados penales de Violencia sobre la Mujer de Málaga están colapsados, tal y como denunciaron hace ahora diez días diferentes sindicatos, pero esa realidad de sobrecarga de trabajo tiene cifras: al menos uno de los tres órganos está señalando para octubre de 2017 juicios de asuntos que entraron en 2014, es decir, que en el mejor de los casos el retraso es de un año y, en el peor, de más de tres, según fuentes judiciales consultadas por este periódico.

En uno de los tres órganos jurisdiccionales hay en trámite, actualmente, en torno a un millar de procedimientos y alrededor de quinientos están pendientes de señalamiento de juicio, según las mismas fuentes.

La situación estaba ya mal hace unos meses y los jueces y los secretarios judiciales -ahora letrados de la Administración de Justicia- de los juzgados número 12 y 13 no daban abasto, sobre todo por la acumulación de lo que se conocen como juicios rápidos por delito, y la solución tampoco ha venido de la mano de especializar el Juzgado de lo Penal número 14 en Violencia sobre la Mujer en enero de este año, puesto que este órgano debe sacar adelante aún los asuntos de su antigua materia y simultanear su tramitación con los de la nueva especialidad. Cuando se puso en marcha, el juez decano, José María Páez, explicó que iba a tardar en torno a un año en ponerse al nivel de las otras dos oficinas, por lo que poca ayuda podía prestarles.

No en vano, los sindicatos y las autoridades judiciales de la provincia no querían especializar ninguno de los juzgados de lo Penal, sino que se creara uno nuevo, el número 15, y que desde su nacimiento se dedicara a esta materia, dado que ayudaría mucho más a hacer frente al colapso de los dos órganos más antiguos (nacieron en 2009).

Lo cierto es que el tapón ha aumentado precisamente por una medida de refuerzo. Los tres órganos cuentan con un cuarto juez, uno de apoyo que, en teoría, debería haber realizado dos jornadas de juicios cada mes, rotando en los diferentes juzgados, pero todo ese papel tienen que tramitarlo los funcionarios y a la plaza de magistrado no le ha acompañado un refuerzo de funcionarios, como ya denunciaron los sindicatos CSIF, UGT y STAJ Málaga.

De hecho, la llegada del magistrado iba enfocada básicamente a sacar adelante los juicios rápidos por delito, la mitad de ellos relativos a quebrantamientos de condena, es decir, un incumplimiento de las medidas de alejamiento o prohibición de comunicar impuestas por los jueces a los maltratadores, mientras que el resto se refiere a injurias, calumnias, amenazas, lesiones físicas y psicológicas sufridas por las mujeres. En estos asuntos la tramitación es rápida, de forma que cada uno de los tres órganos celebra un millar de ellos al año, que se suman a los asuntos más graves (de hasta cinco años de prisión, porque a partir de ese límite es la Audiencia Provincial quien enjuicia). Estos tres órganos enjuician todos los casos de violencia de la provincia.

Así, como los juicios rápidos por delito se están señalando también a un año vista se pensó que el magistrado de apoyo podría ir reduciendo ese tapón y, de hecho, estos días se adelantaron los señalamientos de algunos de estos juicios, fechados para finales de 2017, y se pusieron ahora, pero ha habido que suspenderlos nuevamente porque no hay funcionarios para tramitarlos. «Han dejado de señalarse juicios rápidos para estos días ante la imposibilidad de acometer dos días al mes de juicio», precisan las fuentes. «Todo lo que se suspende va a la cola y engorda el tapón», precisan.

Ante esta situación, al menos dos de los tres letrados de la Administración de Justicia han dirigido escritos tanto a la Sala de Gobierno del TSJA como a la Junta de Andalucía pidiendo más funcionarios de gestión y tramitación, así como alguno de auxilio, sin que hasta el momento se sepa qué respuesta han recibido.

Como expusieron recientemente los sindicatos, «si hay un cuarto magistrado se multiplican la imposición de pulseras, los embargos, las órdenes de alejamiento, las buscas y capturas, las suspensiones de juicios, la citación de testigos y peritos, etcétera...».

Esta situación de colapso absoluto, explicaron los sindicatos, ha provocado situaciones de estrés y ansiedad en la plantilla, además de incidir en una materia tan sensible como la violencia sobre la mujer. Los sindicatos calcularon que serían necesarios dos funcionarios más por juzgado y uno de auxilio, lo que equivale, en la práctica, a la creación de un juzgado más.