El Consejo de Gobierno aprobó ayer iniciar la tramitación del anteproyecto de Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía, un documento que contempla como infracción «muy grave», lo que supone una multa de hasta 800.000 euros, la compra por debajo del coste de producción por parte de las cadenas de distribución abusando de su posición dominante, junto a la obligación de donar sus excedentes ya sea para organizaciones sin ánimo de lucro o para compostaje.

Así lo explicó la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde también apuntó que este anteproyecto no incluye el banco público de tierras ni el observatorio de tierras, mientras que sí contempla que las tierras públicas sean enajenadas «siempre en base a criterios de igualdad, concurrencia competitiva y publicidad» y priorizando a «jóvenes, mujeres, desempleados y entidades locales y sociales».

Para contribuir a evitar las prácticas abusivas, el anteproyecto fija como infracción muy grave la compra de productos perecederos por debajo del coste de producción que pueda realizar un operador -mayorista o cadena de distribución- abusando de su posición dominante. Esta práctica de «venta a pérdida», hasta ahora sólo sancionada en el ámbito del comercio pero no en el origen, tendrá multas de entre 50.001 y 800.000 euros, que podrán incrementarse si el beneficio obtenido o el perjuicio causado supera estas cifras.

Por otro lado, se incorporan controles para comprobar si las características de un producto vendido por debajo de su precio de mercado se corresponden con lo reflejado en la etiqueta y se ajustan a la normativa vigente. En el caso negativo, a partir de ahora la responsabilidad recaerá, además de en el vendedor, en el operador.

Como infracciones muy graves se tipifican también las amenazas y agresiones a los empleados públicos encargados de las inspecciones, que por primera vez tendrán consideración de agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.