La inspección que la Agencia Tributaria (Hacienda) está tramitando a Limasa reclamándole más de 4,5 millones de euros (con la sanción incluida) por no haber declarado en el impuesto de sociedades los ingresos recibidos por los socios privados de la empresa en concepto de canon de asistencia técnica o asesoramiento, se circunscribe a los últimos cuatro años -desde 2011 a 2014- más el actual año fiscal de 2015, ya que no puede investigar los años anteriores, entre 2001 y 2010, al haber prescrito. Hacienda reclama esa cantidad al considerar que dicho canon hay que computarlos como beneficio, y no como gasto y, como tal declararlo dentro del impuesto de sociedades.

Durante los años 2001 a 2010, según datos de la gerencia de Limasa, la empresa certificó como canon de asistencia la cantidad de 16.316.845 euros, que fueron a parar íntegramente a manos de los socios privados: Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Urbaser y Sando. Sin embargo, Limasa, según reclama ahora Hacienda, debió declarar el 30 por ciento de esa cantidad, que supone casi 5 millones de euros. Significa que Limasa ha dejado de declarar en esos diez años 5 millones de euros que, en vez de ir a parar a las arcas públicas, lo hicieron a las cuentas de las empresas privadas. La prescripción legal de esos años impide a Hacienda exigir la devolución de esa cantidad.

La tramitación del expediente de infracción a Limasa ha entrado en su recta final, según la información recabada por La Opinión de Málaga. El pasado martes, 11 de octubre, el gerente de la empresa, Rafael Arjona, compareció en el despacho de la inspectora que tramita el expediente. La comparecencia fue un hecho extraordinario ya que Hacienda no acostumbra nunca a dar audiencia a las personas o entidades que investiga.

En todo caso, la comparecencia se produjo, al parecer, a petición del gerente de Limasa, que acudió en nombre del Ayuntamiento de Málaga y de los socios privados a interesarse directamente por el expediente y tratar de minimizar sus efectos, lo que viene a reflejar, según fuentes municipales, la honda preocupación que el expediente de Hacienda a Limasa ha causado tanto en la alcaldía como en los representantes de los socios privados de la empresa.

La preocupación es doble, tanto por las consecuencias económicas que la reclamación de Hacienda tendría en las cuentas de Limasa y sus empresas, como por lo que podría afectar al futuro, dado que en las próximas semanas el Ayuntamiento tendrá que decidir sobre si municipaliza el servicios de limpieza y recogida o vuelve a sacarlo a licitación para que las empresas opten a su concesión.

Como ya publicó ayer este periódico, la Agencia Tributaria ha abierto un expediente de infracción a Limasa por un posible fraude de tres millones de euros al no declarar por el canon de asistencia técnica al entender la empresa que era un gasto deducible por el que no había que presentar ningún tipo de declaración. Por ello, Hacienda le reclamaría ahora la devolución de cerca de 4,5 millones de euros al sumar a la posible cantidad no declarada la sanción correspondiente (en torno al 50% de la cantidad defraudada).