Hacienda está ultimando el acta de infracción a Limasa donde le requiere 4 millones

La inspectora que lleva el expediente lo tiene ya ultimado para cerrarlo con la firma del acta de infracción, tras haber hecho su propuesta de liquidación y de sanción y tras haber recibido las alegaciones de la empresa a dicha propuesta, parte de las cuales fueron entregadas directamente por el gerente de Limasa, Rafael Arjona, en la reunión que mantuvo el pasado martes, día 11, con la inspectora a la que acudió acompañado por la directora de Economía y Finanzas, Patricia Martínez, según pudo saber este periódico.

Una vez que se firme el acta de infracción por parte de la inspectora, la propuesta de devolución se convertirá en firma y será a partir de entonces cuando su cuantía empiece a ser exigible oficialmente por Hacienda.

Beneficio empresarial. El expediente de infracción señala que Limasa habría podido defraudar a Hacienda en los últimos cinco años (incluyendo el actual ejercicio de 2015) algo más de 3 millones de euros por no declarar el polémico canon de asistencia técnica, por el que las empresas privadas de Limasa, Fomento de Construcciones y Contrata (FCC), Sando y Urbaser, reciben el 2,5% de la facturación en concepto de asesoramiento.

Por este concepto los privados han recibido desde el año 2001, cuando se inició la contrata de la actual Limasa, la cantidad de 26.651.316 euros. Por contra, Hacienda considera que el abono de ese canon de asistencia técnica debe computarse como un beneficio empresarial y no como un gasto, al no haber factura que lo justifique y como tal debe formar parte del Impuesto de Sociedades por el que las empresas declaran anualmente el 30% de sus beneficios

Cuentas auditadas. Hacienda ha inspeccionado las cuentas de Limasa de los últimos cuatro años (dado que los años anteriores ya han prescrito) y también el actual ejercicio fiscal de 2015. En estos cinco años el canon cobrado por los socios privados se ha elevado a 10.334.464 euros. Hacienda le requiere por tanto a Limasa la liquidación del 30% de la cantidad cobrada entre 2011 y 2014 (ambos inclusive), que suponen casi 2,5 millones de euros. A su vez, el 28% del canon de 2015, que supondría unos 565.342 euros. El fisco reclama a Limasa algo más de 3 millones de euros.

A esa cantidad hay que sumar la sanción, que en este caso tanto por la cantidad como por el concepto, es considerada grave y gira en torno al 50% de la cantidad defraudada. De ahí que la cantidad que la Agencia Tributaria le exige a Limasa a devolver sumados los dos conceptos sea de 4,5 millones de euros, si bien el expediente sancionador de la multa lleva un procedimiento aparte.

Ni la empresa ni el concejal de Medio Ambiente han realizado valoraciones sobre este tema, mientras que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, aseguró ayer que Limasa presenta todos los años sus cuentas, que son auditadas, se ven por Hacienda y a veces piden aclaraciones.

Además, el alcalde de Málaga señaló en un encuentro con los medios de comunicación que «no hay ninguna reclamación de Hacienda, en ningún momento se ha pedido cuatro millones de euros. Es un tema dentro de la normalidad, de una empresa que es auditada, que presenta sus cuentas ante Hacienda y que resuelve estos temas», concluyó.