El embargo del antiguo edificio de Correos por parte de la Diputación de Málaga, a través de su Patronato de Recaudación, fue motivo de debate ayer en el Parlamento andaluz, donde la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, respondió a una pregunta de la parlamentaria del PP Patricia Navarro sobre este asunto.

El Patronato de Recaudación procedió a embargar a la Junta el citado edificio por la deuda de 8,7 millones que la Administración mantiene con 74 municipios malagueños y la Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental, pero Montero rechazó que el montante global ascienda a esa cantidad. Así, en su intervención aseguró que tras haber estudiado lo que reclama la institución provincial consideran que hay 2,5 millones de euros que no se corresponden con ninguna deuda de la Junta de Andalucía. Por ello, la administración andaluza ya ha presentado alegaciones.

Entre las causas que justifican estas alegaciones la consejera de Hacienda señaló que había deuda que no correspondía a la Junta, sino a otras administraciones públicas u organismos, «incluso se incorporaban reclamaciones de particulares», señaló. También indicó que en la deuda había IBI de bienes que no están sujetos a este impuesto, «fundamentalmente de monte público, dominio público hidráulico o infraestructuras viarias o bienes exentos como centros de enseñanza» y afirmó que hay «deudas prescritas, recibos no identificados correctamente y otros que habían sido abonados con anterioridad».

No obstante, insistió en que la Junta quiere colaborar en el esclarecimiento de esta deuda y como muestra de ello dijo que la Administración autonómica ya ha abonado un primer pago de 415.000 euros. La consejera recordó además al PP que los ayuntamientos de Málaga le deben a la Junta 141 millones de euros, y al Ejecutivo regional «no se le ocurre declarar providencias de apremio para embargarles».

Por su parte, Patricia Navarro respondió que a la administración «se le presupone un deber de predicar con el ejemplo». «Qué ejemplo estamos dando a los cientos de andaluces a los que la administración le embarga a diario cuentas, nóminas e, incluso, la casa, si ante un impago reiterado como éste caso de una administración no se actúa». La parlamentaria pidió a la Junta que pague pronto su deuda «porque los malagueños no se merecen que su administración dé ejemplo haciendo este tipo de cosas».