Estos últimos días han sido especialmente intensos acerca de la situación de sequía que se vive en la provincia. La Junta de Andalucía, con la situación de prealerta en la que se encuentra el campo malagueño, avisó de que se podrán limitar nuevas plantaciones en comarcas como la Axarquía, que lidera en Europa la producción de aguacates o mangos.

La noticia cayó como un auténtico jarro de agua fría y de inmediato, a través de los portavoces sindicales, los agricultores han recordado que la propia Junta adeuda, sólo en la comarca más oriental y desde hace más de una década, más de 50 millones de euros en infraestructuras hídricas. Pero es que el Gobierno central mantiene planeadas y sin ejecutar inversiones por más de 20 millones.

Los regantes de la costa axárquica le demandan al Ministerio actuaciones al sector 9 del Plan Guaro, si bien es cierto que acaba de ejecutarse el sector 8, con una inversión de 18,5 millones de euros -que han beneficiado a unos 1.100 agricultores y 2.700 hectáreas de suelo-. En dicho Plan Guaro, durante más de dos décadas que lleva construido el embalse de la Viñuela, los gobiernos tanto del PP como del PSOE «miraron hacia otro lado», como remarcaban los propios responsables de cooperativas agrícolas de la comarca axárquica.

En cuanto a los 53 millones que adeuda la Junta, están pendientes desde la aprobación en 2006 del POTA, documento que regula el desarrollo actual.