­Los jueces decanos de España sentenciaron ayer que a los partidos políticos no les interesa mejorar ni modernizar el funcionamiento del sistema judicial al igual que sí hicieron con la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, «en las que no escatimaron recursos porque en estos organismos sí existe interés en su eficaz funcionamiento». Esta tesis fue puesta de manifiesto por el juez decano de Málaga, José María Páez, que lamentó que en España «no existe una firme voluntad política para construir un poder judicial fuerte, moderno y eficaz» y resaltó que «hoy más que nunca es necesario un Pacto de Estado en materia de Justicia con una hoja de ruta clara».

Este fue uno de los mensajes de fondo que dejó la 26 reunión de jueces decanos de España, celebrada en Málaga, donde reclamaron también una «mayor contundencia» por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la hora de censurar «los ataques» a la independencia judicial y pidieron un Consejo «más próximo» a sus preocupaciones y que dé «el primer paso» en esa defensa.

La jueza decana de Barcelona, Mercedes Caso, fue la encargada de exponer en rueda de prensa las conclusiones alcanzadas en la reunión de jueces decanos en lo relativo a las nueve propuestas elaboradas para eliminar la apariencia de politización de la justicia.

Al respecto, dijo que no se trata de defender «nuestros concretos sentimientos y emociones dañadas, que también lo están», sino defender la independencia del poder judicial «frente a esos ataques claramente dirigidos a menoscabar la percepción de la sociedad de nuestra función imparcial e independiente». Quiso trasladar un primer mensaje a la ciudadanía y es que los jueces y magistrados ejercen «con plena independencia y eso vale tanto para la compañera que lleva el concurso de una gran empresa, el compañero que lleva el divorcio de los poderosos como a todos los instructores que llevan complejos asuntos de corrupción».

En las conclusiones se precisa que el proceso penal debe quedar «al margen de cualquier tipo de instrumentalización» y para ello consideran necesario «zanjar el debate sobre la incidencia de la imputación en los cargos públicos cuya indefinición genera mucha confusión y debates estériles pero muy dañinos, ya que en la mayoría de los casos son utilizados políticamente». «El debate político debe tener lugar fuera de los tribunales», señalan en el documento.

Sin injerencia de la política. Los jueces decanos quieren un órgano de gobierno, pero defienden «que sea y que parezca ajeno a cualquier influencia política», para lo que consideran necesaria una modificación del sistema de elección de los vocales, pidiendo que sean designados «mediante una elección libre, igual, directa y secreta» por parte de todos los jueces que ejercen.

La jueza decana de Barcelona explicó que estando a las puertas de una nueva etapa legislativa «es ahora momento de asumir ese cambio», porque, dijo, «queremos un Consejo que pueda decidir y ejercer sus funciones sin que en ningún caso quede bajo la sospecha de una injerencia política». Por esto también, proponen que las presidencias de los tribunales superiores de justicia y de las audiencias provinciales sean elegidas por los propios jueces del ámbito territorial «porque así nos eligen a nosotros y funciona». Al respecto, en las conclusiones también se incluye la supresión de los nombramientos de magistrados de los TSJ a propuesta de los parlamentos de las comunidades autónomas.

Otro planteamiento hecho por los jueces decanos es la independencia económica del poder judicial porque «no tiene sentido que nuestros órganos avalen determinadas medidas de refuerzo que quedan al albur de las conveniencias o percepciones de las distintas administraciones competentes».

También consideran necesaria una reducción de los aforamientos, que actualmente alcanzan un número «absolutamente increíble»; al estimar que «perjudican, perturban y cuestionan el recorrido ya muchas veces complejo de una investigación», así como suprimir ciertos privilegios recogidos en la ley que eximen a determinadas autoridades o personalidades políticas de su obligación de comparecer ante el juez.

Asimismo, apuestan por una regulación «más clara» de los tiempos de retorno a la vida judicial de los jueces que optan por responsabilidades políticas, señalando que «no estamos pidiendo que no sea posible, sino que se regule con mayor claridad», apuntando que «no ponemos en duda la imparcialidad interna pero sí la que se percibe por los ciudadanos».

Por último, respecto a los indultos, en sus conclusiones los jueces decanos consideran que la regulación «es obsoleta» y entienden que «no basta con excluir determinados delitos de su ámbito -corrupción o violencia de género- porque en los demás casos, el indulto seguirá siendo una excepción a la independencia judicial».

Otras peticiones de los decanos son una planificación de los costes de la Justicia a largo plazo y que las reformas legales estén acompañadas de memorias económicas. También recordaron que en España hay once jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que en países europeos con un mejor funcionamiento de la Justicia se alcanzan los veintiuno. Abogaron también por una «reorganización del mapa judicial», ya que se continúa «con categorías territoriales más propias del siglo XIX», y en este sentido defienden reagrupar pequeños partidos judiciales para racionalizar el uso de los servicios.