Tribunales

Belmonte insinuó que pudo haber enchufes en Limasa hasta 2010 pero no fue posible comprobarlos

El presidente del comité de empresa le dijo al fiscal que hasta hace seis años "llegaban quejas de trabajadores relegados por otros de menor antigüedad" pero no tenían documentos para constatar su veracidad - La Fiscalía no ve delito y archiva el caso

05.11.2016 | 12:17
Trabajadores de Limasa, en las instalaciones de Los Ruices

El director de Recursos Humanos negó los hechos

  • El director de Recursos Humanos de Limasa, Luis Jorge Martín Fernández, ocupa el cargo desde 2005 y ha declarado en dos ocasiones en estas diligencias, «explicando los procesos de contratación, aportando información sobre casos concretos por los que fue preguntado y negando las irregularidades denunciadas». El fiscal recalca además que existía una bolsa interna de trabajo cerrada en septiembre de 2013 y ordenada en función de los días cotizados por cada operario interino, que, por acuerdo entre la empresa y los sindicatos, consta de tres secciones: una de carácter general con 675 trabajadores y las obras dos para el vertedero y el taller con 90 y 27 operarios respectivamente. Las pesquisas se han basado en las declaraciones de Belmonte y el director de Recursos Humanos, así como también se recabó información de Limasa, entre otras cosas, del convenio vigente, de las contrataciones desde 2011, las decisiones de la Comisión de Fijos, los sustitutos, los requerimientos de la Inspección de Trabajo y sentencias judiciales.

­La Fiscalía de Málaga no ve delito de tráfico de influencias en los enchufes de trabajadores por parte de partidos políticos en Limasa y ayer archivó las diligencias de investigación penal que abrió en abril, después de que el presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte, hablara en la comisión de investigación sobre la mercantil de esas prácticas. Sin embargo, cuando declaró ante el fiscal encargado del asunto, se desdijo prácticamente de todo, aunque sí insinuó que pudieron existir situaciones de esa naturaleza antes de 2010 y, de hecho, llegaron quejas de trabajadores, pero no se pudieron constatar porque no había documentos que lo demostraran.

Belmonte, hace constar el fiscal en su decreto de archivo, «aludió a viejas y complejas negociaciones con la empresa para crear la bolsa de trabajo ajustada a criterios objetivos de antigüedad, lo que finalmente se plasmó en el convenio 2010-2012; pero negó que haya existido un sistema de contratación a base de cupos, conocido como 80-20, en el que aquella cubriría libremente el 80% de las vacantes mientras que los sindicatos se reservarían el 20%».

Sobre la selección de trabajadores indefinidos dijo el dirigente sindical que hasta el cierre de la bolsa en 2013, «pudo darse alguna situación anómala en que la empresa decidiera a espaldas del comité y prescindiendo del criterio de los días cotizados, pero no afirmó ni descartó que ello se debiera a recomendaciones de políticos, pues carecía de pruebas documentales, asegurando que nunca vio listas de contratados impuestas por partidos o miembros del Consejo de Administración».

Añadió, «sin tampoco citar casos concretos, que hasta 2010 llegaban quejas de trabajadores relegados por otros de menor antigüedad, cosa que entonces no podían comprobar al carecer de las necesarias fuentes documentales».

Sin embargo, el 8 de abril de 2016, en el marco de la comisión de investigación municipal sobre la actividad de Limasa III, le preguntaron si le constaba que «algún partido político hubiera metido a alguien a trabajar en Limasa», a lo que él añadió: «Si lo hace una parte la otra también quiere el trozo de la tarta... todos han estado en el mismo juego... alguno de los partidos que había anteriormente de alguna manera mediaron para poder facilitar en la empresa».

Ciudadanos, tras estas declaraciones, denunció ante la Fiscalía los hechos por un posible delito de tráfico de influencias, incluyendo un CD con lo dicho por Belmonte. Sin embargo, el fiscal recuerda que no es competente para revisar «la política de contratación laboral seguida desde la empresa de capital mixto a fin de comprobar si esta se ajusta o no a los principios de igualdad, mérito y capacidad propios de la gestión de un servicio público de primera necesidad».

El tráfico de influencias, señala el acusador público, se da cuando una autoridad o funcionario público, buscando un beneficio económico para sí o para un tercero, influye o presiona a otra autoridad, prevaliéndose para ello de las facultades de su cargo. En este caso, los destinatarios de las presiones o recomendaciones no son ni autoridades ni funcionarios, pues Limasa es una sociedad mixta. Eso no significa que los políticos del Ayuntamiento carecieran necesariamente de toda capacidad decisoria en la gestión de la sociedad, «pues se trata de una empresa estratégica».

En los últimos años, se ha cuestionado la calidad del servicio, surgiendo en el seno del Consistorio propuestas de resolución del contrato por incumplimiento, lo cual pudo traducirse, según Ciudadanos, «en una mayor capacidad de influencia sobre los gestores de la empresa en el ámbito de las relaciones laborales». Muestra de ello sería el protagonismo del alcalde, Francisco de la Torre, en la negociación de los acuerdos que solucionaron las sucesivas huelgas, consolidando cambios estatutarios «y un marco laboral que naturalmente resulta atractivo para muchos demandantes de empleo, por las peculiaridades y privilegios que suelen airear los medios».

Dice el fiscal que la investigación ha rastreado el periodo transcurrido desde 2011 y que, actualmente, la plantilla cuenta con 1.437 trabajadores. El 20% del personal fue contratado tras 2010, y en los últimos tres años se han incorporado 100 personas a requerimiento de la Inspección de Trabajo y otro centenar en base al derecho de sustitución, lo que supervisó la Comisión de Fijos, «sin que se haya constatado por esta vía la incorporación de personas no relacionadas con el trabajador cesante».

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