Tribunales

El juicio del caso Arcos contra la corrupción en Alcaucín empieza hoy con 48 acusados

La Fiscalía pide 226 años de cárcel para el exalcalde, aunque el tope máximo legal es de 20 años

07.11.2016 | 10:23
Imagen del exalcalde de Alcaucín José Manuel Martín Alba, a su salida de la cárcel en 2009.

El fiscal dice que Martín Alba desempeñó el cargo "a su antojo" - El PGOU de 2004 para la localidad axárquica preveía cuadruplicar las viviendas existentes

­La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga acoge a partir de las 10.00 horas de este lunes el macrojuicio por el llamado caso Arcos contra la corrupción urbanística en Alcaucín, un golpe que supuso la detención de decenas de personas, entre ellas el exalcalde, José Manuel Martín Alba, y en el que 48 procesados se sentarán en el banquillo. Las vistas durarán hasta septiembre de 2017.

La Fiscalía Anticorrupción pide en su escrito de conclusiones provisionales más de 226 años de prisión y 700 de inhabilitación para el exregidor por su presunta participación en el caso. El ex jefe adjunto del Servicio de Arquitectura de la Diputación José Mora se enfrenta a 11 años de prisión.

El exalcalde está acusado de fraude, malversación, falsedad, cohecho, blanqueo, falsedad en documento oficial y tráfico de influencias, mientras que a Mora se le endosan los delitos de falsedad, estafa, falsificación, cohecho y ordenación del territorio, entre otros. El fiscal, no obstante, recuerda que el Código Penal establece como tope máximo de condena el resultado de multiplicar por tres la mayor de las penas o un máximo de 20 años, por lo que el resto no se extinguiría.

Anticorrupción recuerda que el caso Arcos se ha centrado «en varias tramas de corrupción urbanística» que operaron en Alcaucín durante una década, y que el proceso fue iniciado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en septiembre de 2008, de tal forma que fueron imputadas hasta 70 personas por el juzgado número 3 de Vélez y se originó un sumario de 50.000 folios. La acusación va dirigida contra 49 personas, en su mayoría (27) empresarios dedicados a la promoción urbanística, además del exalcalde y dos familiares, seis funcionarios, siete arquitectos, cuatro intermediarios y dos abogados.

En el escrito se describen hechos acaecidos desde 1999 a 2010 calificados como 90 delitos de falsedad, dado que, según Anticorrupción, se manipulan firmas, sellos y textos, cometidos por autoridades o funcionarios del Ayuntamiento, la Diputación o el Catastro inducidos «con frecuencia por los promotores»; 19 de falsedad en documento oficial, «atribuidos a arquitectos que redactaban proyectos de contenido falaz»; diez delitos de falsedad imprudentes, que se le endosan al secretario municipal; 62 ilícitos de prevaricación del alcalde «por autorizar arbitrariamente parcelaciones o construcciones contrarias a la norma, prescindiendo de los informes»; siete prevaricaciones de arquitectos municipales o provinciales y 22 delitos contra la ordenación del territorio por construcciones ilegales. Eso sí, han prescrito numerosos delitos.

El fiscal acusa por 20 delitos de cohecho, uno de fraude, dos de malversación, otro de estafa, dos de blanqueo y seis de tráfico de influencias, entre otros. Las pruebas básicas proceden de los registros en el Consistorio, la Diputación y un despacho de abogados en febrero de 2009, y en 2012 de las intervenciones en el Catastro y el Patronato de Recaudación.

«Auge urbanístico»

Este caso hunde sus raíces «en el auge urbanístico», que para Alcaucín se tradujo en una creciente demanda de nuevas viviendas por parte de numerosos extranjeros residentes en la Axarquía, «lo que desbordó la previsión de suelo urbanizable» en el plan del 95.

Así, se multiplicaron «las infracciones urbanísticas», de tal forma que el Ayuntamiento no sólo hizo dejación de su responsabilidad, sino que trató de «solaparlas» promoviendo nuevos instrumentos de planeamiento «basados en un desmesurado aumento de suelo edificable», que chocaron contra la Junta.

Eso sí, proliferaron las construcciones clandestinas, a base de casas unifamiliares aisladas en suelo rústico, o de bloques de apartamentos en las zonas cercanas al núcleo de población, que se levantaban en parcelas para casas unifamiliares o en suelo no urbanizable, «con el resultado caótico que se refleja en la calificación», dice Anticorrupción.

También se aprovecharon los imputados de los fallos del sistema, «destacando en tal sentido tanto los numerosos informes técnicos emanados sin control de la Diputación para encubrir las infracciones de mayor importancia, como la frecuente manipulación del Catastro inmobiliario», siempre gracias a funcionarios presuntamente corruptos.

En este caso, se aprovechaban «de ciertas fisuras» para introducir en las bases de datos edificaciones que no existían en realidad. «El resultado final fue la construcción de grandes residencias, impropias de terrenos de tan alto valor ecológico, que hoy pertenecen a terceros de buena fe», añade el acusador público. El plan de 2004, explica la Fiscalía Anticorrupción, preveía prácticamente cuadruplicar las viviendas existentes.

El exregidor ocupó la alcaldía del 91 al 99, abarcando veinte años las competencias en urbanismo, salvo las del pleno, «órgano que sistemáticamente aprobaba las iniciativas del alcalde a veces por unanimidad y siempre con el voto del grupo mayoritario que le respaldaba». En la segunda parte de su mandato, coincidiendo con el auge urbanístico de la villa y la creciente demanda de suelos urbanizables, el político aprovechó «la ausencia de controles eficaces para desempeñar esos cargos a su antojo, prescindiendo de la normativa urbanística cuando le convenía».

Operó, supuestamente, a través de otras personas «como intermediario o corredor de fincas, obteniendo por ello importantes ingresos económicos», que explicarían, siempre según Anticorrupción, los 240.000 euros que tenía en cuentas corrientes y productos financieros o los 160.000 que escondía en su casa «bajo un colchón», dinero intervenido en uno de los registros de la UCO, que se llevó a cabo en febrero de 2009.

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