Los tribunales le han dado tres varapalos seguidos al Ayuntamiento de Málaga, que ha perdido otros tantos juicios sucesivos de tres trabajadores en régimen de autónomos en el Servicio Técnico de Limpieza y que fueron despedidos de sus puestos de trabajo, pese a desempeñar labores de funcionarios y estar incluidos incluso en el organigrama.
Las sentencias son claras y exigen al Ayuntamiento la readmisión de estos trabajadores en sus puestos de trabajo o el abono de una indemnización que oscila entre los 18.000 y los 15.000 euros. Aunque el Ayuntamiento ha rechazado la readmisión y ha optado por pagar las tres indemnizaciones, que en total superan los 50.000 euros, quiere mantener el pulso judicial y ha recurrido las sentencias de los juzgados de los social ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Los tres casos son similares, ya que se tratan de tres trabajadores del Servicio Técnico de Limpieza que desarrollaban labores similares al del resto de sus compañeros funcionarios. De hecho, estaban incluidos en el régimen de vacaciones, el mismo horario, dependían de un jefe técnico e incluso aparecían en la memoria del servicio con sus funciones. Todos estos argumentos han desequilibrado la balanza en favor de estos trabajadores, que estaban con un contrato bianual de prestación de servicios, aunque realizando labores de funcionarios.
La coincidencia de las sentencias ha tenido además una segunda consecuencia dentro del Ayuntamiento, como ha sido abrir una investigación interna y reservada para determinar de quién ha sido la responsabilidad de la situación irregular de estos trabajadores y decidir si es necesaria la apertura de algún expediente disciplinario.
Las conclusiones apuntan al jefe del Servicio Técnico de Limpieza, Julián Laguna, al considerar que era su responsabilidad la organización de la plantilla y ser «una falta continuada» la situación de estas tres irregularidades. Por ello, un decreto de Medio Ambiente decide la apertura de un expediente disciplinario a este jefe de servicio.
No obstante, el informe interno municipal insiste en dos aspectos por resolver. Por un lado apunta la falta de respuesta de respuesta del director general de Medio Ambiente a la exigencia de un informe «en el que se identificara a las personas responsables de las conductas consideradas como hechos probados».
El otro aspecto que se plantea el informe municipal que analiza la situación que ha derivado en estas tres sentencias apunta que el expediente disciplinario que propone para Julián Laguna no excluye la posibilidad de que haya responsabilidad de otros funcionarios que ocuparon ese mismo puesto, aunque reconoce que los las posibles «faltas muy graves» prescriben a los tres años «plazo que ha transcurrido sobradamente desde la fecha en que dicho empleado municipal dejó de ocupar dicho puesto».
El informe también afirma que es necesaria una investigación de más profundidad en un nuevo expediente que analizara la posible responsabilidad «en otros funcionarios».
Estas tres sentencias son las primeras de los 20 procesos judiciales abiertos por falsos autónomos en el Ayuntamiento y que están pendientes.
