El Consejo Económico y Social de Andalucía (CES) considera en su último informe que, tras ocho años de crisis económica, la realidad "ha puesto de manifiesto la ineficacia de las políticas económicas basadas en los recortes y la austeridad" por lo que solicita "un relanzamiento de la inversión pública" en línea con la política expansiva del Banco Central Europeo (BCE). El CES también considera necesario diseñar en Andalucía un espacio de producción "inteligente" y de formación "permanente" que vaya más allá del "tradicional cambio de modelo". Para este organismo, es importante "romper con la hiperterciarización clásica" de la economía andaluza para incorporar el uso de las tecnologías y la innovación a las producciones del sector servicios.

Éstas son algunas de las propuestas incluidas por el CES en su informe sobre la situación económica de Andalucía en 2015, presentado hoy en el Rectorado de la Universidad de Málaga (UMA) con la asistencia del consejero de Economía, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado. El CES, un órgano consultivo del Gobierno andaluz en materia socioeconómica y laboral, señala que para que Andalucía asuma los objetivos de la Comisión Europea para 2020 con el objetivo de acercar la aportación de sector industrial al nivel del 20% del PIB se requerirá de "una política proindustrial de largo plazo, estable y transversal basada en la formación, el conocimiento, la innovación, la sostenibilidad energética y la estabilidad jurídica".

El Consejo Económico y Social también recuerda que uno de los grandes problemas a los que se enfrentará Andalucía en un futuro próximo es la reforma del sistema de financiación autonómica y, en ese sentido, reclama un acuerdo a nivel andaluz respaldado por el máximo consenso político y social destinado a conseguir un sistema "equilibrado para todos" que no perjudique a la comunidad. A propósito de este tema, Sánchez Maldonado ha explicado a los periodistas antes de acceder al acto de presentación del informe del CES que Andalucía apenas llega a los 1.000 euros per cápita para financiar sus servicios públicos (entre ellos sanidad, educación y servicios sociales, que engloban el 80% del gasto) cuando otras comunidades rondan los 2.000. "Es una financiación totalmente asimétrica. No es justificable cuando todas las comunidades damos los mismos servicios", ha apuntado. Según Sánchez Maldonado, entre 2009 y 2014 la región andaluza debería haber percibido 4.500 millones de euros más de lo que recibió.

Al margen de este tema, el CES también recoge en sus conclusiones que la comunidad debe, entre otras cuestiones, "mantener una postura activa en defensa de las energías renovables" al margen de una regulación nacional "inestable y volátil que anquilosa al sector". Otro reto es "aumentar el tamaño medio de las empresa" ya que la actual "atomización" del tejido productivo "no facilita la inversión externa" y dificulta aspectos como la internacionalización.

Respecto al empleo, se reclaman políticas encaminadas a un aumento del empleo de calidad y del peso relativo de los sueldos en la renta nacional. Para ello, el CES cree necesario "una profunda revisión de las últimas reformas laborales y la creación de un nuevo marco normativo". Asimismo, considera necesario "impulsar la reactivación de las políticas activas de empleo" en Andalucía. El organismo también ve "necesario" que los poderes públicos pongan en funcionamiento la renta básica recogida en el artítulo 23.2 del Estatuto de Autonomía.

"Es necesario romper con el viejo paradigma que contempla falsamente que las políticas sociales son un gasto improductivo", añade el CES. Entre sus recomendaciones también figura que se trate de retornar al flujo de trabajadores andaluces que han tenido que emigrar para buscar empleo.