Sanidad

Pascual no pagará la nómina de noviembre a sus trabajadores

El conflicto entre la empresa y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) tiene ya casi tres años de vigencia y ha abocado a despidos y a que los hospitales apenas tengan actividad sanitaria

17.11.2016 | 05:00
Las instalaciones del hospital malagueño están vacías y sin visos de actividad.

­La empresa Clínicas Pascual ha informado a sus trabajadores de que no les abonará la nómina correspondiente al mes de noviembre a consecuencia de la falta de liquidez. El comité de empresa del Hospital Doctor Pascual de Málaga manifestó ayer a este periódico que los altos cargos de la empresa le habían confirmado sus peores presagios: difícilmente podrá pagar el sueldo de este mes a los cerca de 2.000 trabajadores de los seis hospitales que tienen repartidos por toda la geografía andaluza.

Tal y como publicaba ayer La Opinión, el centro sanitario permanece vacío desde el mes de mayo, cuando dejó reducida a cero la última lista de espera que le había enviado la Junta de Andalucía. El hospital recibe a uno o dos pacientes al día a consecuencia de acuerdos con médicos privados y los trabajadores no tienen a enfermos a quienes atender.

El conflicto que vive este grupo sanitario con el Gobierno andaluz se remonta a 2013, cuando finalizó el concierto que tenían para descongestionar dichas listas. Desde que se decretó la prórroga de interés público a principios de 2014 –con la que obligaron a la empresa a atender a los pacientes pese a no existir acuerdo– y hasta octubre de 2015, los hospitales Pascual atendían a los pacientes del SAS. Desde entonces no reciben nuevos «paquetes» de pacientes en espera, que quedaron reducida a cero en mayo de 2016, según afirman desde el comité de empresa del hospital malagueño.

Los pacientes malagueños que están en lista de espera acuden ahora por concierto tras concurso público a otras clínicas que sí concurrieron al mismo como la Clínica El Pilar, el Hospital CHIP y el de la Encarnación. El conflicto entre la empresa y el SAS no sólo ha afectado a la pérdida de empleo de la plantilla eventual, sino también a los fijos, que están prácticamente de brazos cruzados. Desde que la lista de espera del SAS quedase a cero antes del verano un total de 200 trabajadores malagueños se han quedado sin empleo en el centro sanitario. Alrededor de quince han sido trasladados a otros hospitales y el resto, la plantilla fija, se esfuerza por rellenar las horas del día actualizando protocolos o ensayando nuevas técnicas médicas.

Pese a que hasta la fecha han cobrado sus sueldos religiosamente, parece que las cuentas del grupo sanitario empiezan a no cuadrar. «El SAS debe muchísimo dinero, la empresa dice que no va a poder pagar a partir de ahora», afirmaba ayer la presidenta del comité del centro del grupo sanitario en Málaga, Estefanía Gordon, que señalaba que los impagos de la Junta superan ya el año.

Ayer mismo este periódico se puso en contacto con la dirección de Clínicas Pascual para confirmar estas declaraciones. Pese a que declinaron pronunciarse, sí dieron credibilidad a la afirmación de los representantes de los trabajadores.

Sentencia

La posibilidad de impagos a partir de diciembre coincide con la sentencia del TSJA que ha condenado al Servicio Andaluz de Salud a pagar 14,8 millones de euros al grupo sanitario, el precio que esta empresa puso a los servicios que prestó en sus centros a la sanidad pública en mayo de 2014, con el contrato de concierto ya extinguido.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, insistió ayer en Cádiz en que la Administración andaluza quiere llegar a un acuerdo con la empresa hospitalaria Pascual, pero lamentó que el tiempo «se está agotando».

En declaraciones a los periodistas, Jiménez Barrios afirmó que prueba de que la Junta quiere un acuerdo es que le ha enviado una propuesta para los seis centros hospitalarios que «contiene más dinero en la oferta que el último concierto de la empresa con la Junta». Además de más dinero, «al concierto se le añade la vigencia de cuatro años, dos años más de los que había». El dirigente andaluz recordó que la Junta establece los precios en función de los informes técnicos y jurídicos conforme a la Ley. «La empresa quiere cobrar lo que la Junta no puede pagar, olvidando que la Junta no es una empresa privada y que se rige por normas», agregó. «La oferta de la Junta es buena y razonable y los trabajadores saben que la Junta quiere un acuerdo, porque se les ha trasladado», afirmó el vicepresidente, que añadió que comparten su preocupación.

Los empleados del grupo sanitario han decidido tomar cartas en el asunto. Iniciarán nuevas protestas hoy en Sevilla al no ver «razonable» la oferta de la Junta.

Además, el jueves 24 se celebrará una concentración frente al Parlamento y la entrega de los cientos de miles de firmas de los ciudadanos «en apoyo del mantenimiento de nuestros centros, de un San Rafael completo y que vuelvan los pacientes a los hospitales». Asimismo, lamentan que los únicos perjudicados de este conflicto son los trabajadores que han perdido su empleo y los usuarios, ya que ha llevado a más de mil trabajadores a la calle y tienen en la situación más angustiosa a los casi 2.000 que forman la plantilla actual.

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