Tercera sesión del juicio que se sigue en la Ciudad de la Justicia contra la expresidenta de Parque Animal de Torremolinos por el exterminio supuestamente injustificado de 2.200 perros y gatos entre 2008 y finales de 2010. Este jueves, los peritos de la acusación fueron contundentes al asegurar que las mascotas habrían sufrido un dolor «extremo» si la dosis del medicamento Dolethal, usado para los sacrificios, se administró de forma incorrecta.

«Un padecimiento extremo, asfixia y parálisis muscular y respiratoria», dijeron los peritos, son las consecuencias cuando no se aplica correctamente la dosis del medicamento, es decir, cuando no se administra la cantidad exacta para que tenga efectos eutanásicos ni se hace por vía intravenosa. Es más, los expertos precisaron que no debe inyectarse la sustancia por vía muscular, que a la cardiaca sólo debe recurrirse cuando sea necesario y que siempre tendría que ser un veterinario el que pusiera las inyecciones.

Varios testigos han asegurado estos días haber visto a la acusada, a quien se le piden cuatro años de prisión, con una jeringuilla junto a animales, que la música se subía de volumen para que nadie pudiera oír los alaridos de los perros agonizantes y que las cámaras eran apagadas, fundamentalmente los lunes por la mañana, para llevar a cabo los sacrificios.

El perito de la defensa aclaró, por otro lado, que en el supuesto de que se aplique una dosis menor a la recomendada, el efecto es anestésico, aunque reconoció también que puede administrarse una cantidad menor a la aconsejada y tener una consecuencia letal.

Por su parte, los peritos de la Guardia Civil afirmaron que de los 14 cadáveres de animales de los que se analizaron muestras de sangre e hígados, 13 dieron positivo en Dolethal, mientras que en uno de ellos se percibía la sustancia, pero en cantidad menor.

La acusada explicó que ella era incapaz de hacer esos exterminios masivos porque, entre otra cosas, tenía «fobia» a las agujas y a las inyecciones, y que su preocupación fundamental era tener «monos» a los animales con el fin de poder buscarles un hogar.

Así, la procesada aseguró que los animales fallecidos en casi tres años fueron 283 y no 2.200 -su defensa habló de más de 2.800-, calificó la cifra de las acusaciones de «monstruosa» y afirmó que los sacrificados lo fueron o por enfermedad o «porque hay dueños que piden la eutanasia y, para aliviarles el sufrimiento, los llevan a veterinarios».

El fiscal aclara en su escrito que la encausada sacrificaba a perros y gatos de forma «masiva e injustificada», muchos de ellos sanos», inyectándoles el medicamento que acabó con ellos sin sedarlos y con una dosis inferior a la recomendada, por lo que las mascotas «se retorcían de dolor a su vista durante horas», firmando después los certificados de eutanasia «bajo el nombre de supuestos veterinarios». También está acusado uno de sus empleados.

La acusación pública cree que así quería hacer espacio en el centro para primar sus intereses privados. De cualquier forma, habló de «venganza» y de «cúmulo de mentiras» en relación a las versiones de testigos, fundamentalmente veterinarios, cuyas declaraciones sustentan la acusación. A muchos de ellos los despidió. Incluso, habló de una reunión con tres de los facultativos que le propusieron gestionar ellos una parte de Parque Animal, pero ella se negó. También culpó de los listados a una administrativa, dijo que los hacía aleatoriamente. «Nunca hice un listado, yo me dedicaba a mis ocupaciones, que eran los animales», agregó.