­Las ofertas de las compañías eléctricas destinadas al ahorro del consumidor suponen, en realidad, un encarecimiento de hasta un 26,2%, según un estudio realizado por Facua-Consumidores en Acción sobre las tarifas de ocho compañías.

La organización ha comparado el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que es la tarifa semiregulada que tienen la mayoría de los hogares, con las ofertas «ahorradoras», vigentes entre enero y octubre, de Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Viesgo, Holaluz, Podo, Som Energía y EDP Energía.

En todos los casos, estas ofertas encarecen el recibo. La asociación advierte de que la mayoría de usuarios que aceptan las ofertas lo hacen atraídos por las campañas de publicidad o por los comerciales de estas empresas. Además, Facua resaltó ayer la necesidad de reclamar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que investigue este «fraude masivo» y sancione a las compañías.

Por ejemplo, con la Tarifa Estable Luz de Gas Natural Fenosa, la que Facua dice que más infla los precios, un usuario medio paga 83,15 euros al mes, incluyendo impuestos, mientras que con el PVPC serían 65,90. Es decir, un 26,2%. En el caso de los usuarios con derecho a bono social, el aumento es de un 68,2% por encima de los 49,93 que pagaría normalmente con el PVPC.

Endesa One Luz, las tarifas publicitadas como «las mejores del mercado», aumentan el recibo un 14,4%. En el caso de Iberdrola, un 15%. El resto de compañías, que tienen un menor número de usuarios, suponen un aumento de entre el 18% (Som Energía) y el 10,2% (Podo).

Facua advierte de que los descuentos que estas tarifas ofertan son aplicados sobre tarifas mucho más caras que el PVPC o que, incluso, obligan a la contratación de otros productos. Además, en muchos casos están ligadas solo al primer año y resaltan que los clientes que las contratan son engañados por los fraudes de los comerciales, muy frecuentes, o por la publicidad engañosa, motivos por los que el sector energético es el tercero con más denuncias de consumidores. Estos contratos, además, recortan derechos de los usuarios y eliminan obligaciones a las eléctricas en distintos apartados de la normativa del sector que sólo afecta al PVPC.