La Asociación de la Prensa de Málaga (APM) y el Colegio de Periodistas de Andalucía en Málaga (Cppam) ha puesto en marcha un cuadro jurídico propio compuesto por más de 80 letrados y bufetes de la provincia. El fin es mejorar la atención y afrontar con garantías el aumento de la demanda de consultas legales de sus asociados y colegiados, tanto a nivel profesional como personal. Este nuevo cuadro jurídico es una iniciativa pionera, fruto del convenio firmado recientemente entre los Colegios Profesionales de Periodistas y Abogados de Málaga y que dará cobertura legal a todos los profesionales de la comunicación miembros de ambos colectivos periodísticos, así como a sus familiares directos.

El arranque del proyecto tuvo lugar ayer en la sede del Colegio de Periodistas y de la Asociación de la Prensa de Málaga, donde se hizo entrega a los miembros del cuadro jurídico de un diploma acreditativo de su pertenencia al mismo. La inauguración corrió a cargo del presidente del Colegio de Periodistas de Andalucía en Málaga, Rafael Salas y el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara.

El acuerdo establece que las tres primeras consultas que se realicen, ya sean presenciales, por escrito o en casos de urgencia, por teléfono, serán gratuitas siempre que no conlleven actuación alguna. A partir de la cuarta, el abogado o bufete cobrará la minuta que corresponda con un trato preferencial pactado entre ambas partes. Los honorarios serán los que pacten bilateralmente abogado y periodista. Esta iniciativa, similar al centenario Cuadro Médico de la Asociación de la Prensa, es un nuevo servicio integral de asesoramiento para periodistas, que contempla, además, consultas gratuitas en material laboral y de constitución de empresas.

Como se recordó también en el acto de ayer, los periodistas asociados y colegiados cuentan desde hace años con asesoramiento legal gratuito, que ofrece la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) a nivel nacional, pero era claramente insuficiente tras el aumento de la litigiosidad provocado por la crisis económica.