­Este jueves, 1 de diciembre, se cumplió el plazo definitivo otorgado por el Ayuntamiento de Málaga a Braser, la promotora que planea la construcción de un hotel en Hoyo de Esparteros con la firma del arquitecto Rafael Moneo, para satisfacer la deuda de 7,3 millones que tiene contraída con la Gerencia de Urbanismo por los derechos urbanísticos estipulados en el convenio firmado en 2007 por las dos entidades.

Los responsables de Braser no han satisfecho la deuda, según confirmó el organismo municipal de gestión de cobro, Gestrisam, por lo que será la propia Gestrisam la que, una vez constatado el incumplimiento, ponga en marcha el procedimiento para recaudar la deuda, a través de la vía ejecutiva de apremio y el embargo, si procede, según señaló el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde.

Sin embargo, el inicio del procedimiento de apremio y embargo, no será inmediato y aún tardará un mes aproximadamente para que se ponga en marcha Gestrisam enviará ahora a los bancos la remesa de cobro (la deuda), como hace con el resto de deudas impagadas en periodo voluntario. Los bancos se toman un mes de plazo para responder y formular si la deuda ha sido atendida o no. Esta respuesta se dará, según señalan en Gestrisam, a finales de diciembre o principios de enero.

Por tanto, en caso de insatisfacción de la deuda, Gestrisam pondrá en marcha el procedimiento de apremio a primeros de enero. Se dará orden a las entidades bancarias para que procedan a localizar bienes para su embargo, por el orden de prelación que la ley estipula; es decir, primero cuentas bancarias, seguido de depósitos, bienes muebles e inmuebles. De encontrar bienes o derechos embargables estos serán subastado hasta que el Ayuntamiento pueda cubrir la cuantía de la deuda. Por tanto, aunque el plazo para pagar acaba el 1 de diciembre Braser aún dispondrá de varias semanas para poder satisfacer la deuda antes de que los bancos respondan a Gestrisam.

La situación es esta desde la vertiente tributaria. En el escenario puramente municipal en que se mueve este embrollo, ni el equipo de gobierno ni la Gerencia de Urbanismo están dispuestas a mover un dedo para romper, al menos de momento, la operación urbanística, lo que significa que no van a tramitar la rescisión del convenio con Braser, y se mantendrán a la espera de que los promotores muevan ficha, aunque estos en las últimas semanas guardan un silencio absoluto y se desconocen qué pasos seguirán. «Antes de hablar de resolución, que tiene su costo para el Ayuntamiento, el ideal es que el proyecto salga como estaba previsto y nosotros no nos vamos a salir del camino, que es defender los intereses nuestros en el cobro de lo que se nos debe para tener la licencia expedida, pero antes, para la concesión, como se acordó, tener el aval de un millón para conceder la licencia», incidió este jueves el alcalde.

En la oposición municipal, el grupo de IU Málaga para la Gente ha vuelto a exigir, por boca de su portavoz, Eduardo Zorrilla, que el equipo de gobierno de cumplimiento al mandato del pleno del Ayuntamiento que aprobó antes del verano, la rescisión del convenio urbanístico por los incumplimientos de la promotora.

Por su parte Ciudadanos matizó en las últimas horas esta posición para indicar que aunque están por la rescisión del convenio «este debe hacerse de forma amistosa por la vía de la negociación entre las partes», señaló su viceportavoz Alejandro Carballo, con el fin de evitar que una rescisión unilateral pueda costarle al Ayuntamiento «unos 16 millones de euros como valor de la expropiación de los suelos». La negociación evitaría a su vez un posible procedimiento judicial, «lo que nos llevaría a estar años con esos suelos sin poder disponer de ellos».