El Ayuntamiento de Málaga lleva veinte meses esperando la respuesta a su solicitud de que la Policía Local se adhiera al convenio de colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y así sumarse a la lucha contra la violencia de género, tal y como le ha exigido en una durísima carta la Comisión Provincial de Coordinación de Policía Judicial a instancias de la Comisaría Provincial. La imposición, que ha supuesto que la Policía Local haya dejado de tramitar las denuncias por violencia machista y malos tratos en el ámbito familiar, también ha salpicado a los asuntos relacionados con menores de edad, materia donde varias fuentes consultadas por este diario sitúan la primera semilla de la pataleta de la Policía Nacional. Sin embargo, más allá del conflicto, la historia de un desencuentro que sólo perjudica a las víctimas también se encuentran las exageradas dilaciones que se detectan en la ya de por sí tardía solicitud.
Según fuentes municipales, la petición formal se realizó en marzo de 2015, fecha desde la que no han obtenido ninguna respuesta del Ministerio del Interior hasta ayer. El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, que se encontraba en Málaga para conmemorar el 25 aniversario de la apertura de la cárcel de Alhaurín de la Torre, se quitó el marrón de encima culpando al frustrado intento del anterior ministro del Interior de confeccionar una ley de coordinación con las policías locales y al parón administrativo que ha supuesto tener un Gobierno en funciones durante casi un año. «Tras once meses de Gobierno en funciones, retomamos las negociaciones con los distintos ayuntamientos, entre ellos con el de Málaga, para poder concretar y definir de forma nítida y clara esa colaboración entre las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías locales, en concreto en este caso la de Málaga», explicó Nieto, antes de que el alcalde, Francisco de la Torre, predijera una solución «en muy pocos días» que daría aún menos sentido a la polémica. En todo caso, la vida de la petición de que la Policía Local pueda sumarse al programa de protección de mujeres víctimas de violencia de género (Viogén) es anterior a marzo del año pasado. Concretamente, la decisión nace el 4 julio de 2014, nueve meses antes, cuando el alcalde y el entonces secretario de la Junta de Gobierno Local, Julio Andrade, firmaron el acuerdo adoptado en sesión extraordinaria y urgente. Esto dio lugar a que el Grupo Municipal Socialista preguntara el 9 de septiembre de ese año sobre los detalles del Protocolo de Coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Policía Local y la causa por la que el Ayuntamiento de Málaga no se había adherido antes al programa, ya que existe desde 2006. De hecho, municipios como Mijas, Álora, Antequera, Estepona y Archidona lo han implantado antes que la capital, según la Subdelegación del Gobierno de Málaga.
La concejala socialista Estefanía Martín Palop lamenta que, además de solicitarse tarde, hayan pasado dos años y cuatro meses sin fruto alguno más allá de perder la colaboración de la Policía Local. «Exigimos celeridad y diligencia para resolver esta situación y así poder aprovechar todos los recursos disponibles para la atención de las víctimas de violencia machista. Esto demuestra que la violencia de género no es una prioridad en la agenda política de este ayuntamiento», abundó la edil.
A las críticas de unos se suman las dudas de otros. La carta con la que la Comisión Provincial de Coordinación de Policía Judicial instó al Ayuntamiento a que la Policía Local de Málaga dejara de instruir atestados sobre casos tan sensibles como la violencia de género y en el ámbito familiar y los temas de menores expone argumentos que han llamado poderosamente la atención de los abogados, que podrían encontrar vías para recurrir casos instruidos por el cuerpo municipal o incluso pedir su nulidad. «Extralimitación de competencias», «irregularidades en la tramitación de atestados y presentación de detenidos» o «la vulneración del Protocolo de Actuación Policial con Menores» son conceptos que no han pasado desapercibidos para el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco José Lara, quien asegura que como profesional se siente obligado a estudiar todos los casos de este perfil instruidos por la Policía Local de Málaga y que ha llevado como letrado defensor. Esto, según Lara, podría afectar desde los casos más recientes hasta los que implican a personas ya condenadas por los casos penales referidos. Desde 2012, la Policía Local de Málaga ha detenido a 1.465 personas por violencia de género, malos tratos en el ámbito familiar y asuntos de menores e instruido 1.735 diligencias.
