Tribunales

Los investigadores de Parque Animal afirman que Torremolinos no ayudó en las pesquisas

El agente del Seprona que llevó el caso cree que la protectora no cumplía con el interés social que "pudiese justificar las subvenciones de 28.500 euros anuales" - El fiscal dice que la acusada fue vista con una jeringuilla en una mano y Dolethal en la otra

10.12.2016 | 05:00
Imagen de archivo de la protectora de Torremolinos Parque Animal

Marín rebaja los sacrificios a 283 en dos años

  • Carmen Marín, presidenta de Parque Animal de Torremolinos, emitió ayer un comunicado en el que aseguraba que «es falso» el sacrificio de 2.865 animales en dos años. «Ha reconocido el presidente del Colegio de Veterinarios que su cálculo procedía de una simple operación aritmética. Que se desdice de sus conclusiones, ya que el baremo utilizado no es el correcto. Es más, reconoce que, además de no tener en cuenta los pesos reales de los animales, para el cálculo, tuvo en cuenta el consumo del producto Dolethal durante cinco años, y no durante dos años como han publicado las noticias». No en vano, ella habla de que el número de eutanasias en un bienio es de 283. Tampoco, según su versión, se ha podido acreditar que el empleo de producto eutanásico a bajas dosis por vías inadecuadas cause sufrimiento en los animales al ser anestésico y letal al mismo tiempo. Incluso, afirma que por fin se ha conocido por qué los veterinarios negaban las eutanasias practicadas.

­Última sesión del juicio que se sigue en el Juzgado de lo Penal número 14 contra la presidenta de la Asociación Parque Animal de Torremolinos, Carmen Marín, y uno de sus empleados por el supuesto sacrificio injustificado de 2.200 perros y gatos desde 2008 hasta octubre de 2010. El fiscal de Medio Ambiente, Fernando Benítez, ratificó su petición de cuatro años de prisión para ambos por maltrato animal y falsedad, pero el interés se centró en los ataques de los investigadores que llevaron el peso de las pesquisas contra el Ayuntamiento de Torremolinos, gobernado entonces por Pedro Fernández Montes (PP). En opinión de los agentes del Seprona, el Consistorio no colaboró con la investigación y «aceptó» las irregularidades que se cometían.

El funcionario que dijo llevar el peso de la investigación fue categórico: «El Ayuntamiento no colaboró con nosotros en manera alguna», dado que pidieron mucha documentación al Consistorio pero nunca fue aportada. Parque Animal decía hacer funciones de protectora, lo que significa que preconizaba una política de sacrificio cero, pero había concertado con el Ayuntamiento las funciones de recogida de animales de la vía pública, actuando casi como una perrera. De hecho, la defensa recordó que si a los diez días un animal no ha sido adoptado la ley permite el sacrificio.

Así, lo denunciado se constató para este responsable policial cuando giraron inspecciones en octubre de 2010 a las instalaciones. «Una protectora de animales, entre paréntesis no debe tener ánimo de lucro, la investigación puso de manifiesto todo lo contrario». «No cumplía nada, Parque Animal no cumplía un fin de interés social que pudiese justificar las subvenciones de 28.500 euros anuales», precisó, y agregó que el Consistorio no inspeccionó las instalaciones. «Fue un cúmulo de irregularidades por parte de la protectora y aceptadas por parte del Ayuntamiento», señaló, para insistir en que, ante tal cantidad de sacrificios, la Administración Local no apercibió a Parque Animal.

El jefe de grupo se refirió a la adjudicación municipal del servicio sin entrar en más detalles, pero sí insistió en que era público que había muy buena relación «entre Carmen Marín y el Ayuntamiento», además de quejarse de que técnicos municipales dijeron que todo era una falsedad y que «habíamos cometido ilegalidades».

En relación a los hechos, este responsable indicó que «la gente de otros municipios llevaba allí los animales porque tenían entendido que no se iban a sacrificar», de hecho, se «fomentaba el sacrificio cero». Lo que llamó la atención de la Guardia Civil fue el elevado número de eutanasias para «ser una protectora».

Su subordinado había dicho antes que, según los veterinarios, Carmen Marín «se jactaba de gastar poco producto de manera deliberada» y el resultado era el mismo y aseguró que cuando ellos llegaron a las instalaciones había muchos animales en el congelador, algunos de ellos aún calientes, con lo que su sacrificio había sido reciente. «Cuando abrimos el congelador hay animales calientes», describió, para insistir en que había cachorros, perros jóvenes y adultos. Una de las partes le preguntó si los había metido en el congelador vivos, a lo que él contestó: «Evidentemente». Los dueños de los animales que hablaron con los agentes estaban «sorprendidos y afectados» porque pensaban que las mascotas iban a ser dadas en adopción.

El fiscal hizo ayer su alegato final y ratificó la petición de cuatro años de prisión tanto para Carmen Marín como para su empleado. «Cuando leía –el sumario– no lo podía creer, que una protectora se dedicase a sacrificar animales de forma cruel e injustificada», precisó Benítez, para señalar que esta actuación «quiebra la confianza de la sociedad» en las instituciones. «Carmen Marín dice que hay una confabulación contra ella, que todos mienten, pero es ella la que miente, no eran los veterinarios los que decidían a quién sacrificar. Entre ellos no suman ni 50 eutanasias», agregó.

También destacó que varios testigos apuntaron que la presidenta de Parque Animal «se paseaba por las instalaciones con una jeringuilla en una mano y el Dolethal en la otra», afirmó, para insistir en que sólo ella tenía acceso a los listados de animales fallecidos, y destacó que hay grabaciones «en vídeo de animales agonizando». En cuanto al empleado, «actuó movido por el respeto y la sumisión a Marín», para destacar después la gran actuación del Seprona poniendo fin «a esta situación injusta y cruel».

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