­José de Vicente García es el presidente del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital), una institución que cuenta ya con 140 colegiados y que aspira a darse a conocer entre los ciudadanos. Muchos de estos altos funcionarios han sufrido presiones enormes por parte de alcaldes y concejales, pues ellos son los claveros de la legalidad, los encargados de hacerla respetar. Piden ser blindados por ley.

¿Siguen sintiendo el aliento de los alcaldes cuando hay que tomar una decisión?

La verdad es que con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad Local se han potenciado nuestras funciones, fundamentalmente las de los interventores, las más delicadas, y ahora los interventores hacen de chivatos con el Estado. Tienen que mandar todos los informes que hagan de reparos de legalidad, de todos los presupuestos y las cuentas a la Administración central y hay que cumplir la normativa de estabilidad presupuestaria, eso ha sido un antes y un después en la Administración Local, y eso ha hecho que nuestros compañeros, sobre todos los interventores, estén más reforzados. Siempre hay problemas. Mientras los habilitados sigan cobrando del Ayuntamiento en el que están destinados y sigan nombrándote en los grandes municipios, siempre habrá problemas.

¿Qué ayuntamientos son los más conflictivos?

No hay ayuntamientos conflictivos. Cada ayuntamiento tiene su idiosincrasia. Se ha avanzado bastante. En Málaga ahora mismo, como colegio, tenemos problemas con nuestros habilitados pero son de destino, por la libre designación.

¿Cómo están las cuentas de los ayuntamientos malagueños?

La Administración local es la que tiene las cuentas más saneadas de todas las administraciones españolas. El Estado y las autonomías tienen mucho déficit, pero en los ayuntamientos el déficit es cero, porque tienen que equilibrar sus presupuestos, no se les permite por ley. Hay que a nuestros compañeros, con un trabajo callado día a día pero atento a la legalidad y el control de las finanzas públicas, eso hace que las finanzas, en general, de todas las administraciones locales en la provincia vayan cada vez a ver mejor.

Pero hay grandes municipios con una deuda brutal...

Una cosa es la deuda arrastrada de los periodos anteriores. Eso año a año se amortiza, son préstamos a largo plazo que se hicieron en su día porque había que hacer inversiones, obras importantes, pero se amortizan en función de cada presupuesto. A lo que yo me refiero es a que las liquidaciones de los presupuestos año a año, las cuentas, son cada vez mejores para los ayuntamientos. Una prueba es el Ayuntamiento de Marbella. Yo, como tesorero de la Mancomunidad, sé bien del saneamiento de los ayuntamientos de la Costa. Cuando lo dejó el GIL las arcas quedaron vacías, pero poco a poco ha ido invirtiendo exponencialmente la situación y ahora están al día, por ejemplo, respecto de la deuda que mantenía con nosotros. Y así se puede decir en general.

¿Piden su opinión los alcaldes o prefieren ir por libre?

En general cada vez más. Hasta hace poco el político era poco temeroso de los informes de legalidad tanto del secretario como del interventor. Yo he visto a alcaldes, estando yo de interventor, que han tirado mi reparo a la papelera. Hoy día eso no sería posible. Otra cosa es que el político tiene otras prioridades y quiera hacer más cosas más allá de lo que se puede. En general, los políticos, a raíz de la judicialización que ha habido en materia urbanística, contratación y tal, y a la actuación de la Fiscalía y la intervención de los habilitados, cada vez son más temerosos de nuestros reparos y nos hacen más caso.

Aún vemos a tesoreros, secretarios e interventores desfilando por el banquillo de los acusados. ¿Por qué ocurre?

Hay un problema de legalidad. El secretario, dentro de sus funciones, tiene el asesoramiento legal preceptivo y la fe pública. El primero está cada día más limitado, sólo actúa cuando pide el informe el alcalde o un número de concejales. En el resto de materias si no te lo piden, no es preceptivo, pues no es obligado. El problema está en hasta dónde abarca el dar fe, y ahí la jurisprudencia es vacilante, pero una cosa es que el secretario tenga que dar fe y levantar acta de los actos que aprueban los órganos colegiados o el alcalde, y otra cosa es que esté obligado a reparar la legalidad de esos actos. Se debería ir por ahí, porque si no no serviría para nada la función del secretario. Hoy por hoy, mientras no se modifique la ley, el secretario no puede intervenir más allá de lo que le dejen. De hecho, en un pleno, si se va a adoptar un acuerdo que el secretario o el interventor consideran ilegal tiene que pedir la palabra al alcalde, para que éste lo autorice y decir si esto es legal o ilegal. Cuando se sienta en un banquillo el responsable político dice «yo no soy experto en esto, no tenía por qué saber, si el secretario no me ha informado de que esto es ilegal no lo sabía». La ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. La mayoría de los secretarios llegan hasta lo que ellos consideran que es dar fe y el asesoramiento preceptivo. «Yo no informé porque la ley no me obligaba en este caso». Esto se debería de corregir y los secretarios e interventores deberían intervenir para evitar que se hagan estas cosas, aumentar el control.

¿Se está cumpliendo con el pago a proveedores?

Sí, la generalidad de los ayuntamientos están cumpliendo el treinta más treinta. Hay parte de ellos que no lo están cumpliendo porque no tienen tesorería, falta de liquidez enorme. Esto para los proveedores y para la sociedad ha sido una inyección muy importante.

Ustedes son firmes defensores de la supresión de municipios. En Málaga vamos a lo contrario...

Esto es un tema particular mío. Debíamos ir hacia donde va Europa. En Europa es muy difícil encontrar un ayuntamiento que tenga menos de 20.000 habitantes. Las reformas en Italia y Portugal van por ese camino, de intentar juntar municipios o ayuntamientos. En España no se va por ahí. Es todo lo contrario. Soy defensor de ello, el futuro debe ir por ahí. España no se puede permitir el lujo de lo que cuesta tener más de 8.000 consistorios, de los cuales más del 80% son menores de 5.000 habitantes. En Málaga habría 15 ayuntamientos, según mi estudio. Si establecemos en Málaga la horquilla de 15.000 ó 20.000 habitantes, estaríamos con 15 ó 16 ayuntamientos, y ahora somos más de 100, eso en cada provincia significaría bajar de 8.000 consistorios a 300 ó 400.

Y eso incide en el gasto...

Y lleva consigo la no razón de ser de las diputaciones.