­Una investigación a raíz de una denuncia de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas ha dado lugar a que efectivos del Grupo de Protección de la Naturaleza (Grupona) de la Policía Local de Málaga hayan denunciado al titular de una residencia canina ubicada en el diseminado Picadero la Ermita, junto a La Milagrosa, por la comisión de varias infracciones relacionadas con las condiciones en las que se encontraban las instalaciones, así como algunos de los animales que se albergaban en ellas.

La investigación comenzó en el mes de septiembre, cuando varias unidades del mencionado Grupo de Policía Judicial procedieron a personarse en el establecimiento, entrevistándose con el encargado y procediendo a inspeccionar las instalaciones junto al mismo.

Así, una vez dentro, los agentes observaron que había animales sueltos en el recinto, concretamente cinco perros de diversas razas, careciendo todos ellos de sus respectivos microchips. Ante ello, el encargado manifestó desconocer su propiedad, por lo que se dio aviso a los Servicios del Centro Zoosanitario Municipal para proceder a su retirada.

Según informó la Policía Local en un comunicado, los agentes comprobaron la existencia de 283 habitáculos o perreras ubicados en 12 módulos, no pudiendo acceder a su interior debido a que se encontraban cerradas con candado o cerradura y el encargado no poseía llaves de las mismas, manifestando que solo las tenían los propietarios, por lo que los agentes solo pudieron ver la mayoría de ellas desde el exterior, por su parte trasera, y anotando el número de animales y la especie a la que pertenecían cada uno de ellos.

En algunas de las perreras había un número elevado de animales, con hasta 17 perros en un habitáculo de diez metros cuadrados y en otras desde distintas especies de aves, como canarios, jilgueros, gallos de pelea, y gallinas, hasta cerdos vietnamitas, hurones, gatos o perros potencialmente peligrosos.

Asimismo, los agentes pudieron advertir cómo en el interior de algunas de las perreras había perros atados con correa corta a punto fijo, careciendo de luz artificial y siendo escasa la luz natural de la que disfrutaban, ya que las perreras se encontraban medio tapiadas o cerradas con persianas, tableros o chapas, resultando prácticamente imposible ver con claridad a los animales que se albergaban en ellas.

Por los hechos, los policías locales llevaron a cabo las comprobaciones oportunas para identificar a los propietarios que tenían arrendadas las perreras, dándole prioridad a aquellas en las que se había detectado algún tipo de irregularidad, pudiendo comprobar que el libro de registro no había sido actualizado desde hacía años.

Además, los agentes contactaron telefónicamente con algunos de los arrendatarios, acudiendo junto a los mismos a la residencia canina y denunciando a tres de ellos por motivos tales como no haber llevado a cabo las vacunas obligatorias, no presentar cartillas sanitarias o carecer algunos de los animales de microchip identificativo.

Asimismo, días más tarde, se personó en dependencias del Grupona un hombre, que tras aportar carné profesional de veterinario, manifestó de forma libre y espontánea ser el administrador de la sociedad titular de la residencia canina y encargado del control sanitario y supervisión de los animales en ella alojados. También reconoció ser consciente del estado en el que se encontraban las instalaciones y los animales, encontrándose en algunos casos hacinados, no pudiendo llevar a cabo ninguna tarea de mantenimiento ni reforma por motivos económicos, ya que el centro no generaba los beneficios suficientes para ello.