Anuario 2016
Tribunales

Chaves y Griñán, al banquillo

Los expresidentes de la Junta y otros 24 ex altos cargos serán enjuiciados por asociación ilícita, prevaricación y malversación en los ERE en 2017 - Tras cinco años de investigación, en 2016 el juez procesaba a los dos políticos, que se dieron de baja del PSOE y dejaron sus cargos en el Senado y en el Congreso

01.01.2017 | 09:19
Griñán y Chaves en un consejo de gobierno de la Junta de Andalucía en 2009.

­2016 pasará a la historia de Andalucía como el año en el que un juez en junio procesó a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán por un delito de prevaricación administrativa, al que el segundo de ellos suma el de malversación en el caso de los ERE, cuya pieza «política» ha concluido más de cinco años después del inicio de la instrucción. El juez Álvaro Martín incluyó en su auto de junio entre los acusados a los exconsejeros andaluces Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo, de los cuales imputa prevaricación y malversación a los cuatro últimos. Entre los 24 procesados por el magistrado del juzgado de instrucción 6 de Sevilla hay, además, dos exviceconsejeros, tres directores generales, dos secretarios generales técnicos de Empleo, un interventor general de la Junta y tres directores generales de la agencia pública IDEA.

Esta pieza, denominada técnicamente del procedimiento específico, es la primera que se concluyó dentro del caso de los ERE, y en ella el juez deja fuera de los acusados inicialmente a 24 ex altos cargos, entre ellos los exconsejeros Antonio Ávila, Martín Soler y Manuel Recio, así como al presidente de Unicaja, Braulio Medel.

Es decir, tras cinco años de investigación y un sinfín de polémicas en las que el PSOE casi siempre se ha visto implicado, el año que acaba de concluir fue el que terminó de poner contra las cuerdas a los expresidentes del Gobierno andaluz y de alguna forma también a un sistema de gobernar durante años en una Andalucia gobernada desde 1982 por los socialistas.

Después deaños de espera, la Fiscalía Anticorrupción presentó su escrito de calificación en septiembre lo que supuso un golpe en toda la línea de flotación del PSOE Andaluz. Pedía en su escrito penas que suman 132 años de cárcel para los 24 exaltos cargos acusados de prevaricación, malversación y asociación ilícita. Tanto Chaves como Griñán, dos referentes del socialismo, fueron apartados de la escena política por este escándalo y los dos ex presidentes pidieron la baja voluntaria como militantes del PSOE en junio de este año, después de su procesamiento por los ERE. Ambos, que ya dimitieron como diputado y senador acosados por este caso, decidieron abandonar el partido para que no se les aplicara el código ético que aprobó el anterior líder del PSOE Pedro Sánchez, que prevé su baja de militancia.

A principios de diciembre los ex presidentes pidieron su absolución en el caso, alegando, entre otros motivos, que sus subordinados no les mantenían al tanto del sistema irregular de reparto de ayudas para trabajadores de empresas en crisis, una coartada que el juez instructor del Tribunal Supremo ya ha calificado de «absurda». Tampoco la Fiscalía Anticorrupción, que reclama seis años de cárcel y 30 de inhabilitación para Griñán por malversación y prevaricación, y otros 10 años de inhabilitación para Chaves por prevaricación, asume las tesis exculpatorias de los acusados. Conocieron las irregularidades en el reparto millonario, opaco y arbitrario de las ayudas y no tomaron ninguna decisión para frenarlas.

Durante el tiempo de instrucción, Alaya fue tejiendo una tela de araña para reforzar una sola idea: su convencimiento de que el Gobierno andaluz ideó y se confabuló durante una década para crear un sistema de financiación que escapara de todo control con el fin de repartir el dinero, unos 885 millones de euros, de forma arbitraria, con el exclusivo fin de burlar los controles de la intervención para favorecer a determinadas empresas, personas e incluso ayuntamientos. Sobre esta tesis fue tejiendo esa tela de araña a golpe de autos judiciales –la mayoría coincidentes con periodos electorales o cambios en los gobiernos de la Junta– para alcanzar las figuras claves de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que tuvieron que dimitir como presidentes, buscar el refugio del aforamiento en el Congreso y en el Senado lejos de los tentáculos de la magistrada sevillana y que en junio de 2016 acabaron procesados en un duro auto judicial por los delitos de prevaricación administrativa y otro de malversación, aunque esta última imputación sólo afecta a Griñán. Junto a ellos, el juez Álvaro Martín procesaba ya en la «pieza política de los ERE» a seis exconsejeros y otos ex altos cargos de la Junta. Griñán y Chaves se dieron de baja del PSOE y abandonaron toda actividad política.

Este caso que se juzgará en 2017 y que ha monopolizado la acción política en Andalucía, empezó en los años noventa, cuando Andalucía sufría sucesivas crisis industriales en empresas como Astilleros, Puleva, Santana, Cervezas Alhambra, Intelhorce..., que dejaron a miles de trabajadores en las calles. El PSOE, que teñía de rojo el mapa de las ocho provincias andaluzas, empezó a tener problemas y desgaste por los conflictos laborales. Las visitas del presidente Chaves siempre estaban acompañadas por actos reivindicativos que minaban la incontestable hegemonía socialista en Andalucía. El gobierno de Chaves decidió poner en marcha el llamado fondo de los ERE, la famosa partida 31L más conocida como el «fondo de reptiles», que nace en 2001 con el fin de garantizar la paz social en la comunidad y permitir a la Junta de Andalucía contar con una herramienta para actuar de forma rápida ante conflictos laborales al igual que se hace en otras comuniaddes. Para ejecutar esta decisión política, la Consejería de Empleo apostó por utilizar un procedimiento administrativo (la transferencia de financiación) que proporcionaba esa celeridad en el pago de ayudas, prejubilaciones..., pero en su contra jugaba que esta partida escapaba de cualquier control y los fondos públicos se podían usar con la discrecionalidad que se quisiera y sin más explicaciones, lo que no dejaba de ser una invitación a posibles fraudes y a la corrupción.

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