Empresa de limpieza

La productividad, el ogro de Limasa

Dirección y comité negocian un convenio que la plantilla juzga prioritario para estar cubiertos según el modelo de empresa que se elija

30.12.2016 | 17:40
La plantilla de Limasa mantiene una tensa espera por el desarrollo de las negociaciones.

Paralelamente a las reuniones que el comité de empresa de Limasa mantiene con el Ayuntamiento para conseguir un acuerdo que pueda llevar a la municipalización de la empresa a partir del año que viene, los representantes de los trabajadores como de la empresa negocian dotar a la sociedad de un nuevo convenio colectivo que acaba con el vigente que data de 2010/2012 y desde entonces ha venido prorrogándose y aplicándose a trompicones. Ha tenido algunas modificaciones que han sido objeto de duros enfrentamientos entre las partes debido a las diferentes interpretaciones que han venido haciendo y que desembocaron en la última huelga del pasado mes de marzo.

Para los trabajadores, según sus representantes sindicales, «es prioritario» tener un nuevo convenio y la prioridad se fija en la municipalización. La gran mayoría de los 1.500 trabajadores de Limasa prefiere una empresa pública y municipal, pero antes que ello quieren un nuevo convenio que fije y garantice sus derechos laborales y les blinde frente al modelo que se adopte. En marzo acaba el actual contrato y antes de que el servicio pase a manos públicas o se mantenga con gestión privada los trabajadores quieren tener firmado un convenio que salvaguarde sus puestos de trabajo, sus medidas económicas y sus derechos sociales.

El juzgado llamó a negociar

Sin embargo, la negociación de ese convenio está tropezando con dificultades, tal como ha venido ocurriendo hasta ahora. En los últimos meses se han sucedido las reuniones sin que se constante el más mínimo avance, pese a que las diferencias entre las partes apenas se centran en dos o tres aspectos, si bien esenciales.

El acuerdo que puso fin a la huelga de marzo cerró algunos puntos en disputa como las vacaciones o los días de descanso, pero dejó otros abiertos y condicionados a lo que dictase la demanda interpuesta en el juzgado de lo Social, número 12. Sin embargo, llegado el momento, la titular del juzgado no quiso sentenciar sobre ninguno de los aspectos en disputa, señalando que eran empresa y trabajadores los que tenían que decidir sobre ello, por lo que conminaba a las partes a negociar y llegar a un acuerdo laboral. Negocien y pónganse de acuerdo entre ustedes sin esperar a que un tercero les solucione sus discrepancia, vino a decirles la jueza.

Y en eso están. La empresa ha vuelto a poner encima de la mesa la propuesta de convenio que hizo en octubre pasado, que fundamentalmente pasa por proponer un convenio para dos años, con congelación salarial para todos los conceptos: nómina, pluses y complementos, jornada de 37,5 horas, eliminación de los puestos heredados y hacer fijos a tiempo parcial a los eventuales para cubrir todos los domingos del año y 15 los festivos anuales.

Los trabajadores, por su parte, mantienen en lo económico los puntos que ya consiguieron en el acuerdo de fin de huelga: vacaciones, mitad en meses de verano, mitad en otoño e invierno; descanso de sábado y domingo para todos los fijos, cobrar la baja transitoria desde el primer día y mantener los puestos en herencia.


Caballo de batalla

Pero, al igual que ocurre con la negociación para una posible municipalización, la productividad, en este caso la llamada paga de productividad, es la que tensa la situación y crea una profunda brecha entre las partes que hace muy complejo un acuerdo de convenio, al menos a corto plazo.

El pacto que puso fin a la huelga de marzo fijaba que para 2017 y respecto a la paga de productividad se seguiría lo que dictase el juzgado de lo Social, 12, pero éste finalmente lo supeditó al acuerdo entre las partes.

Las diferencias son sustanciales; los trabajadores exigen recuperar esa paga en su totalidad, que supone, 1.441 euros. Señalan que ya llevan varios años perdiendo una parte de la misma y que no es legal pues la paga remite a conceptos ya consolidados y derechos adquiridos. La empresa la reduce a algo más de la mitad, en concretado a 867 euros; de ellos 276 se cobrarían en la paga de septiembre y el resto repartidos en 11 mensualidades.

Este es el gran caballo de batalla que impide a día de hoy conseguir un nuevo convenio colectivo. Las partes dicen estar dispuestas a hablar pero desde posiciones muy alejadas y firmes. «Estamos dispuestos a hablar pero no a regalar lo que es nuestro», señala al respecto el presidente del comité, Manuel Belmonte.

El 10 de enero próximo, empresa y comité volverán a verse las caras después de que este año finalice sin acuerdo.

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