Tribunales

La justicia investiga a los condenados del caso Malaya diez años después

Los mismos funcionarios que llevaron el peso de la instrucción buscan bienes de los sentenciados que alegaron no tener propiedades ni dinero con los que hacer frente a las multas e indemnizaciones

29.12.2016 | 21:08
Juan Antonio Roca, principal encausado en el caso Malaya.

­El caso Malaya, contra la corrupción urbanística y política en Marbella, estalló a primera hora de la mañana del 29 de marzo de 2006. Diez años y medio después, informaron fuentes judiciales a La Opinión de Málaga, «se siguen buscando bienes a los condenados», fundamentalmente a aquellos que han alegado no tener patrimonio alguno para hacer frente a las millonarias responsabilidades civiles y multas impuestas por la Audiencia Provincial de Málaga y el Tribunal Supremo en este asunto.

Las fuentes recuerdan que la policía ya buscó dinero de Juan Antonio Roca, condenado a 17 años por este proceso, el pasado mes de febrero después de que una llamada anónima alertase de que este tenía un zulo en la finca murciana de La Loma. Finalmente, los policías no hallaron nada más allá de derribos junto a uno de los olivos de la explotación agrícola tras emplear en sus pesquisas, incluso, un helicóptero con tecnología punta para detectar desde el aire alteraciones en la configuración orográfica del terreno.

Con posterioridad a ese intento de hallarle dinero al cerebro de la trama de corrupción, se está investigando a aquellos condenados que alegan no tener bienes para hacer frente a las indemnizaciones y las responsabilidades civiles, dado que hacer líquidas esas propiedades es vital para resarcir al Ayuntamiento de Marbella o a las arcas del Estado del enorme desfalco que tuvo lugar en la localidad costasoleña desde principios de los noventa hasta mediados de la pasada década. Las fuentes judiciales consultadas aseguran que son los mismos funcionarios que llevaron adelante la investigación y tramitación del caso Malaya los que se están encargado de buscar debajo de las piedras bienes o dinero de estos condenados.

Por ejemplo, a uno de ellos que está huido de la Justicia se le han localizado bienes en un país ajeno a la Unión Europea (UE) y la idea es embargarlos para que no pueda disfrutar de los mismos en libertad y asegurar el pago de lo desglosado en la sentencia.

También se da la circunstancia de que algunos de los que están encarcelados ya están pidiendo el tercer grado penitenciario y prácticamente a todos se les está denegando, pues en enero cumplirán apenas un año entre rejas desde que se ejecutó la sentencia, pero lo cierto es que determinados encarcelados «están colaborando con la Administración de Justicia en la detección del patrimonio localizado» de otros sentenciados, con el fin de lograr también beneficios penitenciarios. «Si eso lo hubiesen hecho durante el juicio se habría tenido en cuenta, pero ahora se le va a hacer saber esta actitud colaboradora a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias» a los efectos oportunos, apuntan las mismas fuentes judiciales.

En el caso de Juan Germán Hoffman, considerado el testaferro de Roca en el exterior, Alemania se ha negado a entregarlo pero sí puede cumplir la pena de prisión y pagar la sanción económica, que luego podría venir hasta Málaga. En cuanto a Liétor, Venezuela ya ha dado el visto bueno a su extradición a España y podría ingresar en Murcia. Este trata de hacer ver que lo va a hacer voluntariamente, pero lo cierto es que tras dos años y medio de fuga parece difícil que los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial se lo vayan a creer.

El tribunal ya pidió en su sentencia que el dinero intervenido en este proceso fuera a parar a las arcas marbellíes y, pese a los intentos de unos y otros, aún no se sabe bien cómo se vertebrará la afluencia de caudales al municipio. El Tribunal Supremo, siguiendo el criterio legal del ministerio fiscal, recordó que la ley es la ley y esas sumas han de ir al Estado, al menos en el caso del blanqueo de capitales. Pese a todo, es la Sala la que trata por todos los medios de localizar bienes y embargarlos para que Marbella, o finalmente el Estado, puedan recibir, al menos en parte, algo de lo que se les privó.

Roca está pagando.  Roca es de los que más está abonando con el fin de lograr réditos penitenciarios y, tras diez años y nueve meses de cárcel, ya ha disfrutado de varios permisos, aunque aún le quedan en torno a nueve años de condena.

Lo normal, es que Juan Antonio Roca pase un par de años más entre rejas y, una vez se sumen los más de 400 días adicionales a la pena que lleva cumplida y que le ha reconocido el Tribunal Supremo, se le conceda el tercer grado penitenciario, un régimen de semilibertad que le permitirá sólo ir a dormir a prisión y, más adelante, lograr la libertad condicional.

Su otro gran caballo de batalla es lograr acuerdos en las 120 causas que le quedan pendientes, fundamentalmente por convenios urbanísticos, y que ya no le supondrán una pena adicional con el fin de evitarse ir y venir a la Ciudad de la Justicia en tantas ocasiones, aunque como ya avisó el fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, todo acuerdo ha de pasar por el pago de las multas y responsabilidades civiles correspondientes y, de llegarse al pacto, muchos empresarios podrían verse implicados en hechos que ellos han negado una y mil veces.

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