Las conclusiones de los grupos de la oposición sobre la comisión de investigación de Limasa, que se harán públicas el viernes, son categóricas y sonrojantes. Un año después de que la comisión iniciara sus trabajos, PSOE, Ciudadanos, Málaga Ahora y Málaga para la Gente coinciden en que Limasa es una «empresa «mal gestionada»; que «presta un mal servicio de limpieza; que existen «incumplimientos del contrato»; que se aplicó «un modelo de gestión especialmente oneroso para los ciudadanos, con enormes beneficios para los privados» y un sentir generalizado de que «la ciudad está sucia».
La comisión de investigación de Limasa se cerrará este viernes con un dictamen que saldrá de las conclusiones previas que han presentado los grupos municipales y a las que ha tenido acceso La Opinión de Málaga.
Esas conclusiones, salvo las firmadas por el PP, vienen a confirmar y a precisar lo que algunos ciudadanos y los grupos políticos venían denunciando desde hace tiempo sobre la falta de limpieza o el exceso de gasto. La comisión no descubre nada, pero sí confirma, según la oposición, las deficiencias en el servicio de limpieza de Málaga
Aspectos económicos
Si dividimos las conclusiones por capítulos, en lo económico los grupos señalan que desde abril de 2001 (año de inicio del actual contrato que expira en febrero de 2017), la factura pagada por los malagueños a Limasa ha sido de mil ciento sesenta millones de euros, de los que el Ayuntamiento ha abonado 104,2 millones a los socios privados : 13,4 millones en beneficios; 24,6 millones en asistencia técnica y 66,1 millones en compensación económica. El PSOE apunta, además, que se produjeron modificaciones y trabajos extraordinarios por 72,6 millones.
Una de las conclusiones de Málaga Ahora señala que el servicio actual mixto «nos está costando entre 9 y 15 millones de euros más de lo que pagaríamos en caso de municipalizar la empresa», mientras que Ciudadanos considera que «una empresa municipal de limpieza sólo ahorraría un 3% de coste, es decir, poco más de 2,5 millones de euros; sin embargo, no garantizaría un adecuado estado de limpieza de nuestra ciudad. Ciudadanos señala en uno de sus puntos que Limasa «tiene pendiente una inversión de 17 millones en maquinaria.
El resumen de este capítulo lo firma Málaga Ahora, que señala que varios puntos del contrato, así como su ejecución, «suponen de facto un mecanismo para garantizar, de manera encubierta, beneficios a los socios privados y que recaiga el grueso de los costes y dificultades sobre la parte pública».
Deficiencias del servicio
Las conclusiones sobre la prestación del servicio son las más elocuentes, destacando la que recuerda el PSOE, que señala como los socios privados «también reconocieron que la ciudad no estaba limpia». Los socialistas apuntan, además, que se han «externalizado servicios que deberían haberse realizado con el canon de la asistencia técnica, como los 77.110 euros pagados a una consultora para la formación de personal o los 890.657 para programas informáticos».
En este mismo capítulo, el PSOE revela que «han existido trabajos extraordinarios sobre servicios que ya están contemplados en el pliego de condiciones»; mientras que Ciudadanos recuerda que «hasta finales de 2015, 235 personas habían heredado puestos de trabajo en la empresa o que «se desviaba personal de los barrios a la limpieza de las playas, dejando desatendidos los mismos».
Una conclusión señalada por todos los grupos es la que advierte de que «cada día más de un tercio de la plantilla dedicada al barrido no acude a trabajar por encontrarse de descanso, de vacaciones, con permisos retribuidos o de baja, y no ser sustituidos por la dirección de la empresa». O que los 16 cuartelillos deben disponer cada día de 289 barrenderos, pero la media está en 197.
Sobre las cuestiones sociales que han salpicado la gestión de Limasa en estos años, las conclusiones recuerdan, como las de IU Málaga para la Gente, que «es un contrato muy lesivo para los intereses municipales, puesto que pase lo que pase, y da igual si la limpieza de la ciudad es mejor o peor, se garantizan unos beneficios netos anuales no inferiores al 2% de la cifra de negocio para sus socios privados, desde 2003».
El PSOE apunta en sus conclusiones que el contrato «no respondía a las necesidades de nuestra ciudad» y que además «no ha habido control sobre el contrato y sus consecuencias económicas», resultando por ello, «muy oneroso», señala Málaga Ahora. La conclusión a este capítulo la aporta este mismo grupo, que señala que «se ha pretendido asegurar el beneficio privado antes que la eficiencia y sostenibilidad de un servicio público».
Mención aparte merecen las conclusiones del PP, que no señalan ninguna deficiencia ni necesidad de mejora del mismo. El PP justifica el pago de la asistencia técnica al «estar en el contrato»; los servicios se prestan «en su totalidad y de acuerdo al contrato». En resumen, según los populares: «ha quedado demostrado que tanto en la gestión como en la supervisión de Limasa no se ha incurrido en irregularidad o infracción alguna».
