Sin declarar

Hacienda caza con drones y satélites 70.000 fraudes urbanísticos en Málaga

El 37% de las irregularidades son ampliaciones y rehabilitaciones de inmuebles, seguidas de nuevas construcciones (29%), reformas y cambios de uso (24%) y piscinas (8%)

15.01.2017 | 18:04

Este plan, que ya se ha ejecutado en 65 municipios malagueños, ha supuesto el incremento medio del recibo del padrón del IBI de un 1,67%

Pocas cosas se le escapan ya a Hacienda, mucho menos cuando las últimas tecnologías le permiten captar desde el cielo las variaciones que muchos propietarios hacen en sus inmuebles y no declaran para ahorrarse impuestos. Un cerramiento de terraza para ganar unos metros de salón, una piscina en la azotea o en una casa de aperos venida a más pasan cada vez menos desapercibidos para la Dirección General del Catastro, a cuyos responsables no les ha faltado trabajo en la provincia de Málaga desde que el Ministerio de Hacienda comenzara a usar, a instancia de los ayuntamientos, drones e imágenes ortofotográficas y de aviones para detectar fraudes con el denominado Plan de Regularización Catastral. Algunos lo llaman el castastrazo.

Según los datos aportados por la Secretaría de Hacienda a este periódico, desde que este proyecto se pusiera en marcha en 2013 y hasta el segundo semestre de 2016, el plan se ha ejecutado en 65 municipios de la provincia, territorio en el que se han regularizado un total de 69.926 inmuebles urbanos y rústicos en los que se han detectado cambios no declarados, cifra que se superará ampliamente durante este ejercicio. Entre los más frecuentes, el plan destaca las ampliaciones y rehabilitaciones de inmuebles, que representan un 37% del total. Le siguen las nuevas construcciones (29%), las reformas y cambios de uso (24%) y, por su puesto las piscinas, que en este caso representaron el 8% de las regularizaciones. En todos estos casos, los propietarios reciben una notificación de la Dirección General del Catastro para requerirle la puesta al día del impuesto y, de paso, el pago retroactivo de lo dejado de ingresar. Sólo la apertura del expediente conlleva un pago inicial de 60 euros.

Desde el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), sin embargo, advierten de que la falta de información al ciudadano está provocando sorpresas importantes. «Muchos creen que saldan sus deudas pagando esos 60 euros, pero cuando los ayuntamientos exigen los recargos se alcanzan sumas importantes», asegura el secretario general del sindicato José María Mollinedo, quien recuerda que si los propietarios no aportan pruebas sólidas sobre la fecha en que se produjeron las modificaciones de los inmuebles, los recargos acumularán los últimos cuatro años, ya que el resto se considerará prescrito.

Aunque no hay datos sobre la inversión que ha supuesto este plan, su rentabilidad está fuera de toda duda, ya en Málaga ha supuesto un incremento medio del recibo del padrón del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) es de un 1,67% en los municipios terminados. A nivel nacional, los números hablan por sí mismos. A finales de julio, el Ministerio de Hacienda comunicó que este sistema le ha permitido regularizar en 1,69 millones de inmuebles en 4.340 municipios españoles que permitirá una recaudación extraordinaria de 1.254 millones en el impuesto de bienes inmuebles (IBI), lo que representa un 24 % más de lo calculado inicialmente por el ministerio. El número de inmuebles con construcciones irregulares no declaradas equivalió al 8,6 % de los inmuebles urbanos del padrón, según datos del Plan de Regularización Catastral. Andalucía, con 373.224 regularizaciones, lidera la tabla con holgura por delante de Galicia ( 213.017) y Castilla y León (164.141).

Tecnología

Este Gran Hermano de Hacienda es posible gracias a la comparación que los técnicos hacen de forma presencial o con imágenes captadas vías satélite, desde aviones o incluso drones, aunque estos últimos sólo se pueden usar en diseminados y fincas rurales, ya que la ley prohíbe volarlos sobre ciudades. Para estas zonas, sin embargo, se aplican las imágenes obtenidas a través del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), un proyecto cofinanciado y cooperativo entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas para obtener productos fotogramétricos comunes con especificaciones técnicas consensuadas entre todas las dministraciones. Según explica el Instituto Geográfico Nacional en su página web, estas imágenes se toman a través del vuelo fotogramétrico, apoyo de campo, aerotriangulación y el modelo digital de elevaciones. Desde el año 2004, el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea proporciona imágenes aéreas, ortofotos y modelos digitales de elevaciones de todo el territorio, con una periodicidad de dos años. El proyecto se encuentra en continua evolución, adaptándose a las necesidades de los usuarios y al desarrollo de nuevas tecnologías.

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