Tribunales

Málaga tendrá una Sala de lo Penal del TSJA sólo si hay suficiente carga de trabajo

Catalá asegura que habrá que estudiar profundamente el asunto y augura que se desplazará la Sala

16.01.2017 | 21:07
Rafael Catalá, ministro de Justicia, este lunes en Málaga.

­El ministro de Justicia, Rafael Catalá, fue cuestionado este lunes por el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, sobre si la ciudad contará con una Sala desplazada de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ya que en principio parece que estos órganos, destinados a resolver los recursos de apelación convirtiéndose en la segunda instancia penal, sólo se van a crear en Sevilla y en Granada. Catalá fue claro: la capital de la Costa del Sol contará con una Sala así siempre que la carga de trabajo lo justifique.

Lara sabía qué preguntar, puesto que de él partió una petición, apoyada por el alcalde, Francisco de la Torre, para que Málaga contara con una Sala de lo Penal, dado que si no los recursos de apelación contra las sentencias de primera instancia serán resueltos en Granada o Sevilla, según se decida. La Ley Orgánica del Poder Judicial incorpora la necesidad de crear estas salas para crear la segunda instancia penal en España, por solicitud expresa de la Unión Europea, dado que hasta ahora la segunda instancia era el Supremo. Eso supone que la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, ubicada en Granada, tendrá que reforzarse con más magistrados, pero parece que la intención, según señaló el decano, es que sólo se creen en Sevilla y en la capital nazarí, con la consiguiente pérdida de peso judicial y político para la capital costasoleña, algo de lo que son conscientes todos los juristas y así se lo hicieron saber ayer a Catalá en una charla coloquio.

Ahora, dijo Catalá, se está viendo dónde crear estas salas en todas las comunidades autónomas o, en su caso, dotarlas de más medios, y ello derivará de los datos que se pongan sobre la mesa. «Si los datos así lo acreditan, si la carga de trabajo lo justifica habrá Sala de lo Penal en Málaga», dijo. Eso sí, afirmó que no es una decisión tomada, lo que se hará después de cotejar los datos de carga de trabajo con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque luego recordó que ese dato está «acreditado», por lo que los abogados malagueños deberían estar tranquilo.

Antes, el ministro dio una charla sobre los seis ejes que han de sostener las reformas de la justicia. Así, consideró que la justicia ha de ser más ágil, para lo que se van a reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) –su medida estrella es que la instrucción pase a los fiscales–, atacar la fase de ejecución y las dilaciones en el ámbito Civil e impulsar la mediación y el arbitraje; el segundo consiste en orientar las reformas hacia las personas, protegiendo más a los menores, las maltratadas, «avanzar en el maltrato animal» o crear una fiscalía sobre la propiedad industrial y la discapacidad; el tercer eje es potenciar la especialización de jueces y fiscales en ámbitos como el económico, el financiero y el fiscal; el cuarto es contar con más medios humanos y materiales, más juzgados en definitiva; usar con más intensidad las nuevas tecnologías –puso como ejemplo el sistema LexNet– y hacer común el sistema de gestión procesal para los tribunales y la Fiscalía. Por último, el ministro habló de buscar un sistema distinto a la hora de elegir los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así como a la hora de elegir cargos como miembros de sala de tribunales superiores o presidentes de audiencias provinciales. «Queremos que cuando alguien sea nombrado para un cargo lo sea gracias a sus méritos reconocidos», dijo, por lo que van a reforzar los sistemas para que se tenga en cuenta, sobre todo, el mérito y haya más transparencia. Se va a regular, asimismo, la actividad de los grupos de presión y la protección de quienes denuncien prácticas de corrupción.

Antes de la charla, en la que intervinieron numerosos abogados, el ministro de Justicia, Lara y el presidente de la Fundación Manuel Alcántara entregaron el II Premio Miramar de artículos jurídicos, que en esta ocasión recayó en Hugo Aznar, doctor en Filosofía por la Universidad de Valencia y profesor de Ética de la Comunicación y de Historia del Pensamiento Político de la Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia). También estuvieron presentes el alcalde y el presidente de la Diputación, Elías Bendodo.

Aznar, que es también director del Departamento de Ciencias Políticas, Ética y Sociología de la Universidad CEU Cardenal Herrera, obtuvo el galardón por un artículo titulado Libertad de expresión: un valor esencial, publicado en el diario Levante el 10 de enero de 2015, en el que realiza un homenaje a las víctimas del atentado terrorista contra el semanario satírico Charlie Hebdo que tuvo lugar en París y, en general, a todos los que son asesinados por ejercer este derecho fundamental.

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