Juan Antonio Roca Nicolás, principal condenado en el caso Malaya y exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, acudió ayer por su propio pie, sin escolta policial, al juicio por el convenio urbanístico conocido como Lorcrimar, finalmente suspendido porque el abogado de Julián Muñoz está enfermo.
Para permitirle la libre circulación a un hombre que el próximo mes de marzo cumplirá once años entre rejas, aunque ya ha disfrutado de varios permisos, Instituciones Penitenciarias consultó a la prisión provincial y al tribunal del caso Malaya, instituciones que dieron su aprobación. Es la primera vez desde marzo de 2006 que Roca acude por su propio pie a un juicio. Este plenario, suspendido, se celebrará de nuevo a partir del 29 de mayo en la Sección Primera de la Audiencia Provincial. El abogado de Muñoz, quien también acudió al juicio por su propio pie, dado que está en libertad condicional por su mala salud, deberá justificar en cinco días su enfermedad ante la Sala so pena de abrirle un expediente sancionador.
De cualquier forma, Roca está ya haciendo frente al pago de una responsabilidad civil millonaria derivada de numerosos procedimientos, entre ellos Malaya, Saqueo 1 y Minutas. Así, ya habría ingresado en las arcas públicas, bien el Estado o el Ayuntamiento de Marbella, más de 15 millones de euros derivados de las ventas que de su patrimonio se está haciendo a través de la página web, una idea que están copiando otros tribunales para macrocausas de este tipo.
Su buen comportamiento, el hecho de que no podrá cumplir más de 20 años entre rejas, el pago del daño causado y otros factores positivos han hecho posible que haya disfrutado ya de al menos tres permisos, que ha pasado con los suyos en Murcia.
En cuanto al juicio de ayer, se trata del caso Lorcrimar, por el que la Fiscalía Anticorrupción solicita siete años y medio de prisión por malversación de caudales y prevaricación para Roca, Julián Muñoz y el empresario Manuel Lores Romero. Los convenios urbanísticos de este asunto perjudicaron al Ayuntamiento de Marbella en 2,84 millones de euros.
Según consta en la calificación, desde que Gil ganó las elecciones en 1991 el alcalde dejó de firmar documentos para no comprometerse en las ilegalidades que se sucederían y los responsables municipales gestionaron el patrimonio público «en su propio beneficio y lucro personal». Aclara el fiscal que empresarios como Manuel Lores, en concepto de cooperador necesario, eran imprescindibles para consumar las maniobras defraudatorias.
De cualquier forma, a Roca aún le quedan 120 causas, la mayor parte de ellas relativas a convenios urbanísticos que puso bajo la lupa judicial el Tribunal de Cuentas y que se sustanciaron en sucesivas querellas de la Fiscalía Anticorrupción. Ya hubo negociaciones para llegar a un acuerdo con Anticorrupción, pero todo pacto pasa porque se paguen las responsabilidades civiles al Consistorio marbellí y, de declararse culpable Roca, sus palabras supondrían una prueba de cargo determinante contra muchos empresarios. Por tanto, el acuerdo es difícil, pero parece necesario.
