Los funcionarios piden el archivo del caso de los cursos de formación

Las defensas de los funcionarios y ex cargos públicos investigados en la causa por las presuntas irregularidades en dos convocatorias de subvenciones para cursos de formación para desempleados, con compromiso de contratación, del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Málaga, denominado como caso Edu, solicitaron ayer el sobreseimiento del procedimiento.

Así lo aseguraron a Europa Press varias fuentes judiciales, quienes señalaron que la petición de archivo de esta pieza principal de la causa se fundamenta en que no existen indicios de delito ni de irregularidad alguna. El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga, que se encarga de investigar la causa, dio traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre esta solicitud.

Las actuaciones se iniciaron a raíz de la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que en sus primeros informes apuntaban a una supuesta falta de justificación de los cursos, que a veces no se llegaron a dar, y al incumplimiento del compromiso de contratación, así como a la falta de control posterior por parte de la Administración regional.

Las pesquisas se centraron en las convocatorias del 15 de diciembre de 2010, en la que se investigaron 17 empresas; y del 4 de noviembre del mismo año, por la que se investigaron diez sociedades. El juzgado abrió 27 piezas ­­–al margen de la principal en la que se investigan a los funcionarios y ex cargos públicos–, una por cada firma; aunque finalmente se quedaron en 26.

En esa pieza principal, declararon el exdelegado de Empleo de la Junta de Andalucía Juan Carlos Lomeña, la que fuera jefa de Servicio y una decena de funcionarios relacionados con la concesión de las ayudas para los cursos o con la inspección y seguimiento de los mismos.

Lomeña defendió la legalidad y señaló que «no hay menoscabo de fondos públicos»; mientras que los funcionarios negaron que hubiera orden de no hacer seguimiento y alegaron la gran cantidad de cursos y la falta de personal para llevar un control, aunque precisaron que utilizaban una aplicación para ello. También hablaron de deficiencias motivadas por el cambio de consejería de la que dependían los cursos
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Paralelamente, tras analizar cada pieza, el fiscal solicitó el archivo de 18 relativas a sociedades, lo que fue acordado por el juzgado instructor, al no haber acusación y porque en esos casos no cabía hablar de un delito de fraude en subvenciones, puesto que el dinero recibido no superaba en ningún caso los 120.000 euros que requiere dicho tipo delictivo. Quedan abiertas algunas piezas sobre empresas.

En Andalucía se han desarrollado diversas investigaciones sobre los cursos de formación para parados subvencionados por la Junta una vez que la policía realizó su investigación.