El coste real y el margen de ahorro serán claves para decidir un modelo público o privado para la gestión de Limasa. En la reunión mantenida el pasado sábado por el grupo popular con técnicos de diversas áreas para dirimir el futuro de Limasa, los concejales partidarios de la privatización ganaron tiempo al lograr el compromiso de que es necesario tener unas cuentas más precisas para poder decantarse por un modelo u otro, según señaló el concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez.

Jiménez y otros concejales partidarios de una Limasa privada arguyeron que tanto las cuentas que respaldan una Limasa pública (fijan un ahorro de casi 12 millones de euros al año), como las cuentas que señalan que el ahorro es mínimo, están planteadas de manera general. El edil consideró que «es necesario unos números más precisos; necesitamos, de un lado y de otro, unas cuentas exactas, como si fueran un presupuesto para que podamos decidir y acertar». Por tanto, serán ahora los expertos técnicos los que ahonden y ajusten las cuentas que llevarán a un próxima reunión de los concejales del PP.

Los ediles más partidarios del modelo privado señalan que la Limasa que venga necesita una inversión que ronda los 100 millones de euros para renovar la flota y la maquinaria (unos 50 millones) y otras actuaciones como mejorar los cuartelillos, reemplazar los contenedores o ampliar los puntos limpios.

Con una Limasa pública esa inversión tendría dos inconvenientes económicos, de un lado que la inversión pública tiene un IVA de un 21%, que generaría un pago de más de 20 millones extras; de otro, que el Ayuntamiento no tiene actualmente capacidad para endeudarse hasta que no supere el plan de ajuste, previsto hasta 2020.

Esto y otros aspectos dejarían el ahorro entre uno o dos millones de euros, una cantidad mínima que no compensaría el coste político y social de dirigir en solitario la empresa.

Los que apuestan por la municipalización presentan unas cuentas más elaboradas que las otras, que fijan un ahorro anual de 11.992.879 euros. A ese ahorro habría que añadirle los casi 7 millones que Limasa paga actualmente en amortizaciones y que sumados anularían esos 21 millones de más que costaría el IVA de la inversión pública.

Señalan, además, que si el Ayuntamiento no puede endeudarse, sí podría hacerlo una sociedad anónima municipal, como sería el modelo de una Limasa pública y que, en todo caso, las inversiones se realizarían vía renting, que permite una financiación más acomodada al plan de gasto.

En la reunión con sus concejales, el alcalde defendió el modelo público por el ahorro que representa y por el compromiso del comité de aceptar que parte del sueldo de la plantilla esté condicionado al cumplimiento de unos criterios de productividad; aún así aceptó que se profundice en los informes económicos que avalen uno u otro modelo.