La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar comunicó el pasado 17 de enero a la Audiencia Nacional la caducidad, por transcurso del plazo máximo para resolver, del procedimiento de rescate de la concesión de Astilleros Nereo, que comenzó en noviembre de 2014.
La decisión se toma a su vez, por un dictamen del Consejo de Estado que en octubre del año pasado ya anunció que el procedimiento de rescate había caducado por el transcurso de los plazos que marca la legislación.
En la misma fecha del 17 de enero, el Ministerio de Agricultura y Pesca ordena a la Demarcación de Costas en Málaga que inicie un nuevo trámite para rescatar la concesión, otorgada originalmente en julio de 1963 a Juan Crossa Médicis para unos astilleros, concesión que fue transferida a Juan Antonio Sánchez Guitard en julio de 1970. La familia Sánchez Guitard es la que continúa con la concesión. De hecho, la comunicación de Costas a la Audiencia Nacional se debe a un recurso contencioso-administrativo contra el rescate interpuesto por esta familia, que a su vez ha llevado el caso al Consejo de Estado.
El portavoz, Alfonso Sánchez-Guitard, se congratuló ayer por este nuevo revés administrativo de Costas, aunque lamentó la «inseguridad jurídica» en la que, desde hace 40 años, se encuentran los astilleros, que con este nuevo procedimiento de rescate se enfrentarían al octavo desde 1978.
A este respecto, Alfonso Sánchez-Guitard recordó que los intentos de la administración por acabar con los astilleros de Pedregalejo se han sucedido en 1978, 1989, 1998, 2010, 2012, 2013 y 2014, más el que se incoa este año.
Por este motivo anunció que la familia tiene previsto pedir «daños y perjuicios» por todos los problemas económicos causados por esta situación. «Hemos tenido que derivar trabajos a otros astilleros de España por la inseguridad jurídica que estamos sufriendo», criticó.
Para Alfonso Sánchez-Guitard, el hecho de que el rescate haya caducado «es una perversión de la situación. Entendemos que no se quiere entrar en el fondo porque cuando se nos va a dar la razón caduca o se pierde por un defecto de forma», subrayó. El portavoz de la familia denunció además que «no se pueden soportar 40 años de acoso y derribo por un proyecto municipal», en referencia al paseo marítimo que pasaría por la mitad de los astilleros, relacionado con el plan de reforma de los Baños del Carmen.
En opinión del responsable de Astilleros Nereo, en el Consejo de Estado ha pesado la pregunta planteada por los astilleros de «si era legal expoliar el patrimonio de todos a cambio de una indemnización a titulares de la actividad. La administración tiene que ser eficiente, y aquí llevamos 40 años de inseguridad jurídica», recalcó.
La actividad que realizan los astilleros de Pedregalejo, la carpintería de ribera, fue incluida por la Junta de Andalucía en 2008 en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz por su interés etnológico. Sin embargo, de los 168 kilómetros de litoral en Málaga, sólo se realiza en 500 metros de la playa de Pedregalejo y los astilleros constituyen el punto más importante. De hecho, uno de sus proyectos, la réplica de un barco fenicio de 2.700 años de antigüedad, ha permitido por vez primera demostrar con datos técnicos el origen fenicio de la barca de jábega.
La Ley de Puertos
Uno de los argumentos jurídicos que esgrimen los astilleros para desligarse de la operación de reforma del Balneario del Carmen es que la concesión tuvo lugar por la Ley de Puertos del año 27 y no por la Ley de Costas, por lo que la concesión no finalizaría el año que viene sino en 2025. «Los astilleros y varaderos son concesiones portuarias distintas a un bar, un restaurante o un balneario», apunta Alfonso Sánchez-Guitard.
Los astilleros de Pedregalejo también señalan que es innecesario plantear que un paseo marítimo los atraviese, cuando en 1982 se construyó un paseo marítimo que pasaba por delante de Nereo para conectar con los Baños del Carmen, aunque el Estado no se cuidó de reconstruirlo tras los temporales. Además, sostiene que desde 2004 pasa por debajo una tubería ilegal de Emasa cuyas obras impidieron desde entonces utilizar la rampa para la entrada y salida de barcos. De nuevo, un perjuicio económico para Nereo. Un nuevo procedimiento de rescate comienza ahora. El octavo desde 1978.
