La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las cláusulas suelo españolas fue clara: las cláusulas abusivas lo son desde el principio y, por tanto, no pueden desplegar efectos jurídicos. El Tribunal Supremo, por su parte, limitó la retroactividad de la devolución de lo pagado de más hasta mayo de 2013 basándose en el perjuicio económico que se ocasionaría a las entidades si tuvieran que hacer frente a lo recibido desde la firma de la cláusula, muchas de ellas rubricadas en las hipotecas de 2007 y 2008. Pese a la claridad del tribunal europeo, buena parte de las entidades se han atrincherado y siguen diciendo que sus cláusulas son transparentes y no han sido declaradas nulas y, por tanto, siguen vigentes o sujetas a negociaciones con los clientes en las que los bancos tienen todas las de ganar.
Ángel Yagüe, coordinador del Instituto Andaluz de Estudios Financieros, afirma que cierta razón tienen. ¿Por qué? Pues porque la sentencia del Supremo, después matizada por el TJUE, se refería a las cláusulas suelo de NovacaixaGalicia, BBVA, Cajamar y el Banco Popular, este último en relación a otra sentencia. Por ahí puede entenderse que el Banco Sabadell emitiera un comunicado poco después de la decisión del TJUE en el que decía que sus cláusulas no han sido declaradas nulas, que son transparentes y que ellos están ofreciendo soluciones individualizadas a sus clientes.
Carlos Cómitre, socio director del despacho de Abogados Ley 57, especialista en esta materia, apunta que, además de que algunas entidades digan que nada va con ellas, otras están recurriendo las sentencias de primera instancia que dan la razón a sus clientes combatiendo incluso la retroactividad de las cláusulas suelo, es decir, quieren limitar el efecto desde mayo de 2013, fecha de la sentencia del Supremo. La idea de estos y otros juristas consultados es que lo normal hubiera sido que los bancos se acogieran al espíritu de la sentencia del TJUE y se avinieran a negociar, no sólo quitando la cláusula a futuro, sino también llegando a un acuerdo sobre las cantidades entregadas de más. «Los efectos de la nulidad lo son desde el principio, no hay nada que discutir, los bancos no se enteran, no dan instrucciones a sus asesorías jurídicas a responder y sigue sin haber, o hay muy pocos, ofrecimientos de devolución», aclara.
Yagüe, por su parte, recuerda que sólo son abusivas las cláusulas no transparentes y en algunos casos, pocos desde luego, los consumidores sí fueron conscientes de lo que firmaron. «Es como cuando dices que vas a vender un coche que no arranca, y me lo dices clarísimo, te esfuerzas por dejarlo claro, pero yo lo compro pese a todo», señala.
La cerrazón de determinados bancos la achaca Yagüe a que supondría reconocer que sus cláusulas no son transparentes y, encima, hay que sacar la chequera para pagar. Hay una excepción a este repliegue sobre sí mismas de las entidades financieras: Bankia, rescatada con dinero público, que ya ha aprovisionado una alta cantidad para devolver las cláusulas. «Hay quien sólo quiere llegar a acuerdos de cesación de la cláusula», añade.
Los dos juristas critican abiertamente el decreto del Gobierno para favorecer la resolución extrajudicial de estos asuntos. Cómitre dice que los consumidores están siendo objeto de muchas trabas por el camino que ha marcado el Gobierno. «Por ejemplo, no te dejan presentar un escrito propio, sino que te ponen su formulario por delante; te solicitan ellos mismos la copia del préstamo y de los pagos, documentos que ellos ya poseen; ponen trabas a darte el cuadro de amortización de lo ya pagado para que no puedas contrastar la oferta que te hacen, piden dinero por la copia de los recibos o ponen, incluso, una fecha concreta para recibir el escrito», subraya, para incidir en que lo que hay que hacer en estos casos es poner una hoja de reclamaciones.
«El decreto lo que ha hecho es darle aire a los bancos, es un sistema que no recoge sanciones para el banco, si la entidad no cumple no le pasa nada y pone trabas al acceso a la Justicia al limitar la posibilidad de condenar en costas a la firma», denuncia. Además, señala, el decreto debe ser dado a conocer a los clientes, pero algunas entidades sólo han puesto una hojita en el cartel de anuncios de la oficina, sin informar individualmente a los clientes afectados.
De momento, miles de demandas se tramitan en los tribunales, aunque el decreto afecta fundamentalmente a los que todavía no han reclamado. Como dice Yagüe, «hay mucha tela que cortar» en este asunto.
