El Consejo de Ministros aprobó en su reunión del 3 de febrero solicitar a Venezuela la extradición de uno de los fugados del caso Malaya, el empresario Andrés Liétor, condenado a cuatro años y cuatro meses de prisión y a pagar una multa de 100 millones de euros.
El procesado huyó hace dos años y nueve meses, aunque fue detenido en junio en el país caribeño por la Interpol cuando vivía tranquilamente en una lujosa urbanización del municipio de San Cristóbal, en el estado de Táchira.
Liétor es uno de los ilustres del caso Malaya, porque en marzo de 2010 organizó en un hotel madrileño una reunión de más de una decena de abogados con el propósito de retrasar todo lo posible la celebración del macroproceso, dado que, según sus tesis, de coincidir el plenario con las elecciones de mayo de 2011, de carácter municipal, el PSOE usaría la sentencia para presentarse como el campeón contra la corrupción. Finalmente, la vista comenzó en septiembre de 2010, después de que este periódico informara de lo que sucedía y el complot saltara por los aires. Incluso, se repartieron documentos de trabajo en los que se indicaba cómo había que recurrir en todas las fases el último día con el fin de retrasar el plenario todo lo posible.
En junio de 2014, un juzgado de Madrid dictó una orden de busca y captura contra él por una condena por delito fiscal, pero las cosas se le complicaron en junio de 2015 cuando el Supremo lo sentenció por blanqueo de capitales, fraude, cohecho y prevaricación. La Audiencia Provincial ejecutó la sentencia en enero de 2016, una fecha en la que Liétor debería haberse presentado para ingresar en la cárcel, no lo hizo y se dispararon todas las alarmas. La Sala de Malaya dictó una orden de busca y captura europea, que dio sus frutos cuando el 22 de junio de 2016 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas lo capturaron paseando tranquilamente en la urbanización Valle Arriba de Arjona.
Ahora, su intención es ingresar «voluntariamente» en una prisión de Murcia con el objetivo de beneficiarse de las bondades del sistema penitenciario español, pero las fuentes consultadas dudan de que esta entrada en la cárcel sea voluntaria.
Liétor fue un empresario muy ligado al gilismo a través de su socio en la promotora y constructora CCF21, Carlos Sánchez, maestro de Roca y que ahora cumple pena por el caso Malaya. No en vano, hizo numerosos negocios en la Marbella de la época, alguno de los cuales acabaron llevándole al banquillo del caso Malaya.
Entre los huidos de Malaya también se encuentran Carlos Fernández, exedil del PA del que no se sabe nada desde el verano de 2006, cuando hacía el Camino de Santiago; José Manuel Carlos Llorca, imputado también en Ballena Blanca o el caso Forum Filatélico, y el abogado alemán Juan Germán Hoffman, al que su país se niega a entregar, aunque podría cumplir allí la pena y pagar la sanción impuesta.
