Justicia

Los abogados malagueños y la Junta rechazan el IVA para el Turno de Oficio

El Colegio de Abogados pide la inmediata suspensión de la medida y el consejero de Justicia asegura que este derecho de la ciudadanía no puede "quedar sujeto a las leyes del mercado"

24.02.2017 | 00:42
Oficinas de los abogados de oficio en la Ciudad de la Justicia.

La Junta de Andalucía y el Colegio de Abogados de Málaga rechazaron ayer frontalmente la intención del Gobierno de aplicar el 21% del IVA a los honorarios que cobran los abogados de oficio. Así, el decano de los letrados malagueños, Francisco Javier Lara, mostró su rotundo rechazo a la medida, que consideró un ataque innecesario y recordó que el acceso universal a la Justicia es un elemento esencial del Estado de Derecho que debe ser protegido.

Recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea impuso un 21% de IVA a los servicios prestados por abogados en el sistema de asistencia jurídica gratuita en Bélgica, lo que llevó a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de España a interpretar, a partir de esta sentencia, que el servicio que prestan los abogados del Turno de Oficio en España también está sujeto al IVA. Sin embargo, el Colegio de Abogados subrayó ayer las notables diferencias entre ambos sistemas, ya que el belga no tiene naturaleza pública y obligatoria, y, por ello, está basado en un régimen de naturaleza distinta al modelo público español.

«En nuestro país, este sistema no es libre ni en su contratación ni en su premio, sino que se trata de un servicio público de carácter social, sin elección del cliente, con baremos previamente fijados por las administraciones competentes y encomendados con carácter obligatorio a la abogacía institucional. Por lo tanto, la citada norma fiscal no debe ser aplicada, según Lara, quien exigió la suspensión inmediata de la medida y recordó que en la provincia hay 1.800 letrados de oficio que sacan adelante más de 38.000 expedientes.

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, también rechazó en el Parlamento andaluz la decisión del Gobierno. «Estamos ante una medida sorprendente para las administraciones, los beneficiarios y los profesionales, que se ha adoptado sin tener en cuenta su impacto ni las importantes repercusiones que conlleva, entre las presupuestarias», señaló el consejero. De Llera subrayó que el Gobierno andaluz ha reiterado que la justicia gratuita es un derecho de la ciudadanía que «no puede estar limitado por razones económicas o recaudatorias ni quedar sujeto a las leyes del mercado».

A juicio del consejero, esta medida del nuevo Gobierno del PP pone en jaque la garantía de la tutela judicial efectiva de los ciudadanos con menos recursos económicos, cambiando así la naturaleza jurídica «de un servicio público esencial». La Junta va a mantener «la defensa del derecho a la justicia gratuita».

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