Informe

La Inspección de Trabajo aflora 3.000 empleos en negro en un año

El 75% eran personas sin contrato y el 25% restante trabajadores a tiempo parcial que echaban muchas más horas de lo que decía su contrato

27.02.2017 | 02:37
La hostelería, que vive su época de máxima actividad en verano, es el sector en que se detecta más empleo negro.

Las cifras bajan un 10% respecto a 2015 porque hubo menos visitas a empresas y los sindicatos exigen más inspectores La hostelería es el sector con más incidencia

La economía sumergida en el ámbito laboral continúa en niveles disparados debido a la incidencia de la crisis, la precarización del mercado de trabajo y la persistente mala conducta de algunos empresarios, tal y como vienen alertando reiteradamente los sindicatos. El fenómeno, por su propia naturaleza, resulta ciertamente muy difícil de cifrar aunque un pequeño botón de muestra (únicamente «la punta del iceberg», afirman CCOO y UGT) queda reflejado cada año en la actividad de la Inspección de Trabajo, que este pasado 2016 consiguió aflorar mediante sus visitas a empresas más de 3.000 empleos sumergidos en la provincia de Málaga. Un 75% de los casos destapados eran de personas que desarrollaban su trabajo sin contrato mientras que el 25% restante correspondía a situaciones donde la empresa usaba de forma fraudulenta el contrato a tiempo parcial, sin declarar todas las horas que en realidad echaba el empleado. Cuando esa diferencia de jornada supera el 50%, la Inspección lo considera también afloramiento de empleo negro (si es inferior lógicamente también hay sanción pero no aparece en las estadísticas de economía sumergida).

«La economía sumergida sigue en niveles altos, igual que en años anteriores. Es cierto que la creación de empleo ha mejorado pero también es verdad que hay mucha precarización en los contratos. Hay demasiado empleo a tiempo parcial que no está justificado, y ahí se dan picos de fraude en segmentos como la hostelería», señala el jefe de la Inspección, Alfonso Conejo. Así, los controles detectan muchas situaciones en las que el trabajador tiene firmado un contrato de dos o tres horas al día, pero que en realidad termina echando ocho horas e incluso más.

Las cifras globales del pasado año están un 10% por debajo de las detectadas en 2015, aunque el propio Conejo reconoce que el descenso no obedece a una reducción de la economía sumergida, sino a un menor volumen de visitas realizadas a empresas (mientras que en 2015 se realizaron más de 7.200 controles exclusivos en materia de fraude laboral, el año pasado la cifra se quedó en 6.000). Y es que este departamento bajó de un año otro su número de efectivos en Málaga (entre inspectores y subinspectores) de 51 a 46 debido a traslados, jubilaciones y alguna situación de baja. «Si hubiéramos podido realizar más visitas habría se habría detectado seguro más empleo sumergido», afirma.

Aunque para este año se espera que salgan dos nuevas plazas a concurso para la provincia, el tema de los recursos con que cuenta la Inspección suele ser motivo de controversia, ya que los sindicatos, aunque valoran su labor y dedicación, señalan que se necesitarían muchos más inspectores para controlar el fraude en el mercado laboral. Conejo también admite que «harían falta más efectivos» para realizar esta tarea de forma más eficaz.

Volviendo a las cifras de 2016, el jefe de la Inspección aclara que la modalidad del empleo a tiempo parcial es perfectamente legal y no debe ser «demonizada» pero señala que algunas empresas están usando indebidamente esta tipología de contratos para abusar de sus empleados, enmascarando lo que en realidad son jornadas completas. De hecho, entre los controles realizados en 2016 por la Inspección en Málaga figuró la visita a unas 300 empresas en las que se había detectado una incidencia excesiva del tiempo parcial, con el objetivo de comprobar si esa tasa estaba justificada.

Las inspecciones en el campo del fraude laboral, que incluyen otros apartados además del empleo sumergido, arrojaron como resultado la imposición de casi 1.900 multas a empresas por un importe conjunto de unos 12 millones de euros. Aparte, se han recuperado 32 millones en dinero para la Seguridad Social por derivaciones de responsabilidad, recaudación inducida o actas de liquidación.

Por sectores, la hostelería sigue siendo, al igual que en años anteriores, el sector de la economía malagueña que refleja más casos de fraude laboral, con casi la mitad del empleo negro detectado. Le siguen el segmento de empresas de servicio (con ámbitos como el mantenimiento de edificios, limpieza y jardinería o la telefonía), la agricultura y la industria. Cuando se detecta a un trabajador sin vínculo laboral, la Inspección puede proceder a darlo de alta de oficio o a reclamar a la empresa que lo haga (alta inducida).

Con respecto a las sanciones, la ley recoge, por ejemplo, que una empresa que acoja a personas sin contrato se enfrenta a una multa de 3.126 euros por trabajador, con recargos a partir del 20% conforme sube el número de afectados y aplicaciones de agravantes en relación al número de meses en que se haya mantenido la situación irregular. Entre las personas que fueron detectadas trabajando sin contrato en Málaga durante 2016, cabe resaltar que 216 estaban además cobrando el desempleo, lo que agrava la naturaleza de la infracción, que pasa de «grave» a «muy grave». En estos casos, las empresas reciben, además de la multa por tener a la persona sin alta, a una sanción añadida de 10.000 euros. En cuanto a quienes cobran el paro de forma irregular la consecuencia inmediata es la paralización de la prestación. Además, la Seguridad Social se apunta lo que esa persona ha cobrado de forma indebida como deuda a recuperar en un futuro, descontándolo de futuras prestaciones. En cuanto a las infracciones por fraude en el uso de la jornada a tiempo parcial, la multa para la empresa es de un mínimo de 626 euros, aunque luego se puede aplicar agravantes. Además, se obliga a estos negocios a hacer al trabajador un contrato acorde a las horas reales de desempeño.

La labor de este departamento también ha propiciado en 2016 la conversión en Málaga de más de 2.700 contratos temporales en indefinidos, una cifra similar a la del año anterior, después de que se comprobara que no había causa real para la temporalidad en el puesto desempeñado o porque se había excedido la duración prevista para esta modalidad de contratación.

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