El Servicio de Asistencia a las Víctimas en Andalucía (SAVA) ha realizado en la provincia de Málaga durante el pasado año un total de 6.792 actuaciones de carácter general, asesoramiento jurídico, atención psicológica y asistencia social, según un balance de esta prestación que gestiona la Consejería de Justicia e Interior.
De esas prestaciones se beneficiaron 1.741 personas en esta provincia que accedieron a un recurso gratuito, situado en las sedes judiciales, donde se ofrece un servicio público que facilita apoyo jurídico, social y psicológico a las víctimas de delitos que lo requieran, según ha informado la Consejería de Justicia e Interior a través de un comunicado.
El objetivo fundamental de este servicio de la Consejería de Justicia e Interior es ofrecer una respuesta especializada y total a las necesidades específicas de las víctimas de delitos en todos los ámbitos, mediante una intervención de carácter interdisciplinar. Para ello, cada oficina del SAVA cuenta con un equipo técnico especializado integrado por psicólogos, juristas y trabajadores sociales.
En cuanto al tipo de los delitos sufridos por las víctimas que acudieron al SAVA durante 2016, la mayoría son contra las personas (18,69%), seguidos de los de lesiones (18,18%), contra la libertad (14,47%) y contra el patrimonio (11,27%).
El perfil medio de la persona usuaria del Servicio de Asistencia a Víctimas en la provincia se trata mayoritariamente de una mujer, de entre 30 y 44 años, soltera, con un nivel de estudios secundarios, en situación de desempleo, con domicilio en la capital y cuya relación con el autor del delito es de expareja. Por contra, el perfil medio de la persona agresora refleja que es un hombre y también de entre 30 y 44 años.
Más de la cuarta parte de los asuntos que llegan a las oficinas del SAVA en esta provincia (30,13%) son derivados de los juzgados, seguidos de los derivados de los juzgados de Violencia de Género (14,65%). Además, se atendieron, a 87 menores de edad, 68 niñas y 19 niños, como víctimas también de delitos.
El balance anual de este servicio refleja, además, que el 90 por ciento de las personas atendidas en la oficina del SAVA presentaron una denuncia ante la Administración de Justicia por el delito sufrido.
La Junta puso en marcha este recurso una vez que en 1997 asumió las competencias en materia de Justicia.
