En 2015 la Tasa de Riesgo de Pobreza y Exclusión en Andalucía ascendió a 43,2% convirtiéndose en la cifra más alta del territorio español. Dicho de otro modo: tan solo el 30,9% de la población se encuentran en situación de «integración plena». Así lo hizo saber ayer el Observatorio de Desigualdad andaluz que presentó su primer informe relativo a la pobreza en la comunidad a través del cual se establecieron una serie de conclusiones vinculadas a la salud, la educación y la situación económica de los malagueños.

El trabajo tiene como conclusión principal el hecho de que las políticas públicas no corrigen de forma efectiva las desigualdad en Andalucía. «La nacionalidad, el tamaño de la familia o la monoparentalidad podrían aumentar el riesgo de exclusión social», aseveró la trabajadora social del Observatorio Municipal para la Inclusión Social, Lola Ruiz que ha colaborado activamente en la elaboración del estudio. Asimimo, la integrante de la entidad regional, Sonia Díaz añadió que «en la actualidad 1 de cada 2 personas se encuentra en riesgo de exclusión». Además, el PIB per cápita en Andalucía apenas suponía un 74,1% del español en 2015.

«La idea de que Andalucía sea una de las regiones con mayor riesgo de desigualdad trae importantes consecuencias como que el número de personas que se encuentran en situación de paro sin percibir ningún tipo de subsidio ha superado el 50%, más de 600.000 personas en 2016», explicó Díaz. De esta forma, en el tercer trimestre del pasado año, el 35,7% de los contratos de trabajo eran temporales en la economía andaluza frente al 27% de la española.En el ámbito de género, en Andalucía la mayor parte de las pensiones no contributivas pertenecen a mujeres; un 67,6%. Además, en 2015 las féminas en puestos de gerencia conformaban alrededor de un tercio (28,9%).

Por otra parte, en el marco sanitario, el informe revela que la salud mental de la población adulta se ha visto afectada por la situación económica de la comunidad favoreciendo la aparición de trastornos o enfermedades crónicas, también entre los más pequeños, motivadas por la imposibilidad de llevar una dieta saludable. A nivel educativo, el ciclo de 0 a 3 años ha sido el más afectado por el incremento de la desigualdad. El trabajo muestra cómo las familias con una peor situación socioeducativa y socioeconómica son las que menos recurren a estos servicios. Asimismo, la mayoría de los pequeños que se encuentran en el curso adecuado pertenecen a la clase media o alta.

La solución según el economista miembro del Observatorio de Desigualdad de Andalucía, Ricardo Molero pasa por la «transformación radical de las políticas laborales y el aumento de la capacidad financiera de las administraciones nacionales, regionales y locales para luchar contra la desigualdad», explicó el especialista.